La comparecencia del presidente, Rodrigo Chaves, ante la Corte Plena es un hecho inusual en la historia reciente de nuestro país. El mandatario, con varias investigaciones abiertas en su contra, pidió a los magistrados impedir la instrumentalización del Poder Judicial por intereses “canallas”. La Fiscalía General y el sistema judicial deben dejar de servir a esos intereses como “obsceno cañón para lanzar sus balas de odio”.
La oficina de prensa del Ministerio Público había confirmado a La Nación, el 2 de mayo, la apertura de dos causas penales contra el gobernante, bajo los expedientes 22-000210-0276-PE y 22-007355-0042-PE, relacionados con el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en la campaña electoral.
Al parecer hay otras causas y ya el Tribunal Supremo de Elecciones confirmó el envío de un primer informe al Ministerio Público sobre el financiamiento de la campaña.
En ese contexto, el llamado del presidente a los magistrados raya en el irrespeto a la división de poderes, la autonomía del Ministerio Público y el principio de sumisión igualitaria de los ciudadanos a la ley. Una cosa es hablar de la judicialización perniciosa de asuntos políticos y administrativos y otra describir al sistema judicial como un “obsceno cañón” al servicio de intereses canallas y exigir a los magistrados el fin de la supuesta práctica.
Especialmente delicada es la intervención del presidente cuando él mismo, su partido y sus correligionarios son objeto de investigaciones en curso. El Ministerio Público existe para indagar posibles delitos, sin importar la investidura de los involucrados. Esa labor merece particular celo cuando los delitos se cometen, presuntamente, en la esfera de la política.
En campaña, el presidente ofreció promover leyes para premiar a quienes denuncien actos de corrupción. Para ser consecuente, debió callar el reproche a los magistrados y dejar que sea el Poder Judicial, en ejercicio independiente de sus funciones, el encargado de esclarecer las malas intenciones y las canalladas, si las hubiera.
“Los ciudadanos estamos inquietos y preocupados por el uso de la judicialización como herramienta de la politiquería burda y barata. Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando la Fiscalía General o el sistema judicial como obsceno cañón para lanzar sus balas de odio y sus intereses canallas. La Corte no merece darles vitrina y espacio a estos individuos. Es momento de parar a los canallas que están llenando al tribunal de demandas absurdas y frívolas”, dijo el mandatario ante el desconcierto de los altos jueces.
El jueves Chaves protagonizó otro acontecimiento inusitado cuando se presentó al Ministerio Público para pedir información sobre las causas en su contra. El día antes había enviado a otra persona a exigir los expedientes, pero la Fiscalía se negó a suministrarle los datos. Entonces, acudió personalmente y declaró las acusaciones “absurdas y sin fundamento”. Tratándose del presidente de la República, la intempestiva visita para indagar sobre asuntos personales todavía bajo investigación constituye una peligrosa interferencia.
Si hubiera duda de la percepción del mensaje por los magistrados, bastaría con examinar la respuesta de Fernando Cruz, presidente de la Corte, y su alusión a la vigencia de Montesquieu, impulsor de la doctrina de la separación de poderes, a quien “a veces no se le hace mucho caso”. También fue contundente la afirmación de Cruz sobre la importancia de someter las campañas electorales a investigación. Así se ha hecho con muchos partidos, y algunos fueron condenados.
Sin separación de poderes ni igualdad ante la ley es imposible vivir en democracia. Las instituciones deben ser respetadas y, entre ellas, muy especialmente el Poder Judicial. No está exento de crítica y muchas veces se le han señalado defectos, pero de ahí a interferir con sus funciones o siquiera dar la apariencia de hacerlo hay un gran trecho.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a "La Nación", el 2 de mayo, la apertura de dos causas penales contra el gobernante.
