El proceso electoral puso de manifiesto las diferencias entre el Valle Central, las costas y las fronteras. El desarrollo dispar es obvio, no importa el parámetro escogido para medirlo, y se torna abismal en materia de inversión extranjera. El éxito del país en ese campo es extraordinario, pero no parejo. Las condiciones fuera de la región central son mucho menos atractivas para la industria. Por eso, los incentivos a la inversión deben ser mayores.
Las ventajas ofrecidas por Costa Rica a los inversionistas alcanzan para hacer de las zonas francas el sector más dinámico de la economía nacional y el más resistente a la pandemia del coronavirus. Su prosperidad rebasa los límites de las zonas francas en virtud de los encadenamientos con productores locales. En el 2019, un total de 11.000 proveedores costarricenses vendieron $2.323 millones a las empresas instaladas en las zonas francas.
Las costas y fronteras, sin embargo, han quedado fuera de esa prosperidad. La inversión que se aventura más allá del valle es limitada y la producción de esas regiones no encuentra las mismas oportunidades, construidas a partir de incentivos ajustados a las condiciones del territorio. Un proyecto de ley en trámite legislativo pretende corregir esa deficiencia. La Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana pretende afectar las decisiones de inversión de firmas nacionales y extranjeras para dirigirlas hacia costas y zonas rurales.
Las empresas deben cumplir condiciones propias del régimen de zona franca, además de dedicarse a la producción de insumos de todo tipo, en particular, agrícolas, pecuarios y pesqueros, para vender, como mínimo, el 40% a empresas manufactureras ubicadas en las zonas francas, es decir, los incentivos tienen la finalidad expresa de crear encadenamientos similares a los disfrutados por los otros 11.000 proveedores a las zonas francas.
El éxito del programa tendría un fuerte impacto sobre los dos problemas centrales en las regiones rurales y costeras: el desempleo y la pobreza. De la mano de esos males vienen otros, como la creciente criminalidad que roba el sueño a los habitantes de territorios otrora tranquilos.
A cambio de instalarse en esas zonas, las empresas gozarán de trámites expeditos y apoyo para la formación de talento humano. El monto de la inversión necesaria para ingresar al programa sería de $250.000, en lugar de los $500.000 exigidos en la actualidad. La ley pide también a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) impulsar la reducción de tarifas de agua y electricidad para promover inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana.
Uno de los incentivos más discutidos del proyecto es la reducción de las cargas sociales durante diez años. La contribución de los trabajadores no sufriría cambio, pero a los patronos se les ofrecería la reducción de aportes al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Banco Popular, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Las cotizaciones para la Caja Costarricense de Seguro Social se mantendrían intactas y las demás se incrementarán a partir del sexto año hasta alcanzar el pago total a partir del undécimo. En ningún caso hay mengua de ingresos para las instituciones enumeradas, porque la ley solo se aplica a empresas inexistentes en la actualidad.
El proyecto de ley está varado en el plenario bajo el peso de 127 mociones de los diputados Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana; José María Villalta, del Frente Amplio; y la independiente Paola Vega. La discusión de las mociones podría impedir la aprobación de la iniciativa en el Congreso con los diputados actuales.
La nueva ley no resolvería los males en las costas y fronteras. Es indispensable volver los ojos a esas regiones para intensificar el desarrollo de infraestructura y crear las condiciones necesarias para echar a andar un círculo virtuoso de desarrollo, pero, mientras tanto, urge compensar las desventajas con los incentivos idóneos.
