Mociones ahogan plan de ley para llevar inversión a zonas rurales y costeras
Diputado del PAC teme que iniciativa para generar empleo y dinamizar sectores termine en que “nos vendan espejitos”, según dijo este jueves en plenario legislativo
22/08/2019. Asamblea Legislativa, San José. Hora: 03:17 pm. Sesión plenaria de este jueves en la Asamblea Legislativa, San José. En la foto, los diputados Luis Ramón Carranza (izquierda) y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Fotos: Mayela López Mayela López
En la imagen, los diputados Luis Ramón Carranza (izquierda) y Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana (PAC) en sesión plenaria del Congreso. (Mayela López)
La presentación de 127 mociones por parte de tres diputados entraba una iniciativa de ley para ofrecer mejores condiciones a empresas extranjeras y locales que se instalen fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) bajo el régimen de zona franca y ayuden a generar empleo y mayores encadenamientos productivos.
Se trata del proyecto Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana, que se tramita en el expediente 22.607. Esta iniciativa plantea reformas y adiciones a varias leyes, las cuales podrían incidir en la toma de decisiones de las firmas nacionales y extranjeras que, cumpliendo ciertas condiciones del régimen de zona franca, inviertan en costas y zonas rurales.
La propuesta ampliaría beneficios del régimen de zonas francas mediante la creación de tres nuevas categorías: sector de servicios de salud humana, insumos (incluidos agrícolas, pecuarios y pesqueros) y parques sostenibles de aventura.
De ser ley, le otorgaría facilidad de trámites a la empresas interesadas y exenciones fiscales con el objetivo de estimular sectores productivos como la agroindustria, industria alimentaria, manufactura liviana, infraestructura turística y servicios. Además, reduciría a los inversores el requisito de inversión inicial a solo $250.000 fuera de la GAM.
La iniciativa se presentó en julio del 2021 con la firma de 19 diputados, pero aún no ha sido sometido a votación. En este momento, hay para resolver 127 mociones de reiteración presentadas por los diputados José María Villalta de Frente Amplio, Paola Vega Rodríguez, diputada independiente y Luis Ramón Carranza del Partido Acción Ciudadana.
Silvia Hernández, presidenta del Directorio legislativo, confirmó este jueves que la revisión de tales mociones consumiría al menos siete sesiones (cada una de tres horas) “y sin oportunidad de hablar de otro tema” en momentos en que a la actual legislatura le restan siete sesiones para concluir.
“Restan tres semanas y priorizar proyectos es clave, como este que estimula inversiones y empleo en nuestras costas y zonas rurales. Esta es una iniciativa que ataca un problema resaltado por el Poder Legislativo y esta Asamblea, como es llevar oportunidades de empleo dónde más se requiere”, explicó Hernández.
Carranza dijo este jueves en el plenario oponerse al plan por temor a que “nos vendan espejitos”.
“Nos vean la cara, que nos vendan espejitos y de repente este proyecto sea esa venta y además contrario a los intereses de nuestras empresas territoriales. Todas las mociones buscan impactar el proyecto y aun y cuando todo esto implica echar la carreta en frente de los bueyes. Las empresas no van a ciertas zonas por falta de condiciones”, dijo.
Según el diputado, las empresas extranjeras no necesariamente querrán ir a estas zonas por falta de servicios básicos y, aunque dijo no estar en contra del régimen de zonas francas, también habló de que “se pueden abrir portillos contra nuestros empresarios tradicionales”.
Citó, a modo ejemplo, que empresas en regímenes tradicionales en distintas áreas del país podrían enfrentar condiciones desiguales de competencia si llegan firmas en condiciones de zona franca a brindar los mismos servicios o bienes que aquellas previamente en operación en dichas zonas rurales o costas.
Por su parte, los congresistas Villalta y Vega introdujeron mociones referidas a que el plan de ley eximiría a las eventuales empresas en zonas rurales y costeras del pago durante 10 años de obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. A partir del año 11, según el plan de ley, sí empezarían a pagar.
