EscucharLos contornos del escándalo de la pauta estatal, las contrataciones de asesores de imagen y la concentración de los presupuestos publicitarios en la agencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión emergen, cada vez con mayor claridad, de la neblina creada por las presiones políticas, las amenazas y la cobardía.
El caso echó a andar con investigaciones pioneras de la prensa, en particular de este diario, y alcanza niveles insospechados gracias a la valentía y probidad de funcionarios ejemplares, decididos a mantener fidelidad a sus valores. En ellos, Costa Rica tiene una invaluable reserva moral. Si fuera necesario poner un ejemplo, el de Jacqueline González Jiménez, exdirectora de Estrategia Comercial de Kölbi, es insuperable.
Su declaración del lunes ante la comisión investigadora nombrada para esclarecer el embrollo de corrupción y mal uso de los recursos públicos resultó aleccionadora. Habló sin tapujos, bajo juramento y con plena consciencia del alcance de sus palabras. En el recinto estaba el exjefe a quien comprometió con sus declaraciones y las pruebas aportadas. También había diputados gobiernistas a la expectativa de cualquier oportunidad para sembrar duda sobre su credibilidad.
Nada la intimidó, ni siquiera el hecho de conservar un cargo en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), donde, según dijo, ya había sufrido persecución laboral precisamente por cuestionar la orden de reducir arbitrariamente la pauta en un medio eficaz para entregársela a otros, alineados con el gobierno, donde el dinero se desperdiciaría.
Era directora de Estrategia Comercial de Kölbi y la trasladaron a coordinadora de Planificación Comercial luego de una incapacidad atribuida por ella a la avalancha de presiones recibidas. “Presiones políticas sin entender razones no van conmigo”, escribió a su jefe. “Soy una profesional honesta y responsable, y eso es lo que siempre he hecho. Amo a Kölbi y mi actuar es siempre el que esté en el ámbito de la legalidad y lo que más nos conviene”.
El gerente de Telecomunicaciones, Luis Diego Abarca Fernández, le urgió encargar a la agencia del Sinart el manejo de la publicidad de Kölbi, aunque ya había dos agencias contratadas en mejores condiciones. Abarca llegó a pedirle ayuda para reducir la pauta en Canal 7 porque tenía “una pistola en la cabeza” si no lograba el recorte. Por su parte, la presidencia ejecutiva del ICE pretendía pautar en la página elmundo.cr, pero ella advirtió del riesgo de perder el dinero al son de $21.000 mensuales, pretendidos por el medio, lo cual le pidieron “revalorar”.
Cuando su jefe directo, José Rafael Solano, cambió de posición y aprobó la contratación del Sinart por ¢180 millones anuales, prorrogables hasta por cinco años, ella pidió explicaciones. Un mes más tarde fue removida de la Dirección de Estrategia Comercial de Kölbi. Con anterioridad, Solano le había transmitido un mensaje de la gerencia de Telecomunicaciones: “O se alinea o se alinea”, en alusión a reducir la publicidad en Canal 7 y dar pauta a elmundo.cr.
“Yo no lo iba a hacer. Eso es ilegal e iba en contra de mi ética. Como funcionaria, tengo responsabilidad”, dijo a los diputados. Acto seguido, les recordó: “La publicidad se debe invertir con base en la técnica y la ciencia, no sin ningún criterio”. Esa es la única manera de hacerlo si se procura cuidar los fondos públicos y obtener con ellos el resultado más ventajoso para el Estado. Esa preocupación vive en muchos funcionarios y, gracias a ellos, el país se asoma a una serie de bochornosos intentos de hacer lo contrario.
