16 septiembre

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) presentó su informe de impacto en el 2018, y las noticias son alentadoras. Contrastadas con el clima de desconfianza y pesimismo imperante, las buenas nuevas parecen una fantasía, pero el documento recopila datos sobre proyectos de inversión concretos, de los cuales informamos a lo largo del año.

En el 2018, Cinde atrajo 48 inversiones de gran repercusión, generadoras de unos 13.000 puestos de trabajo bien remunerados, 850 de ellos fuera del área metropolitana. Buena parte de los nuevos emprendimientos son obra de empresas ligadas a la tecnología, especialmente en el campo de la salud, en el cual el país ha conseguido un desarrollo destacado.

La institución formadora de los profesionales necesarios para hacer frente al desarrollo futuro no tiene cupo. Mientras tanto, su participación en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) está petrificada y nadie plantea si la distribución de recursos es idónea o debe ser revisada.

Las empresas extranjeras aportan conocimientos y perfeccionan las habilidades de los trabajadores nacionales, pero también aprovechan las capacidades existentes. Según Cinde, la razón más citada para establecer operaciones en el país es la calidad de los recursos humanos disponibles.

Esa bendición podría convertirse, también, en un límite, si no revisamos los sistemas de educación técnica y superior. El más reciente Informe Estado de la Educación, del Programa Estado de la Nación, celebra un modesto aumento en la oferta de carreras en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mas no deja de señalar su insuficiencia.

Las universidades, con excepción del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y las privadas especializadas en Medicina, persisten en concentrar su oferta en pocas disciplinas, alejadas del desarrollo de los conocimientos y las habilidades necesarios para competir en la llamada cuarta revolución industrial.

Solo el 37 % de las oportunidades educativas disponibles en los centros de educación superior pertenecen a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y si se le resta a esa cifra la enorme oferta en el campo de la salud, las oportunidades en otras materias, incluidas las importantísimas ingenierías y tecnologías de la información, solo representan el 16 % del total.

El Tec, cuyos graduados apenas tienen ocasión de celebrar el título antes de incorporarse al mercado de trabajo, rechaza miles de solicitudes de jóvenes interesados en asistir a sus aulas. La institución formadora de los profesionales necesarios para hacer frente al desarrollo futuro no tiene cupo. Mientras tanto, su participación en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) está petrificada y nadie plantea si la distribución de recursos es idónea o debe ser revisada.

Haciendo a un lado las ciencias médicas, la educación privada se concentra en carreras necesitadas de poca inversión. En los once centros educativos particulares con mayor graduación, más del 40 % de la posibilidad de estudios está concentrada en la esfera de la educación. Solo dos de estas universidades tienen énfasis en ingeniería.

Para aumentar la preocupación, en estos tiempos de acelerada e intensa evolución del conocimiento, el 83 % de los 1.534 programas académicos existentes en nuestro país tienen más de cinco años sin actualización. Además, el 60 % permanece sin cambios desde hace más de una década.

El Instituto Nacional de Aprendizaje, los colegios técnicos y, ahora, la educación dual desempeñan estratégicos papeles en la tarea de reorientar la enseñanza para mantener al país en un lugar de privilegio entre los competidores en el difícil juego de atracción de inversiones. Existen otros campos de mejora, pero nuestra principal fortaleza está demostrada y descuidarla sería un error imperdonable.