10 marzo

La periódica revisión vehicular, obligatoria en Costa Rica, tiene el propósito de asegurar la circulación de vehículos por las vías públicas solo si cumplen estándares mínimos de reducción de la contaminación ambiental y seguridad tanto de terceros como de los propios pasajeros. El sistema procura detectar las posibles fallas de forma oportuna. Con un parque vehicular tan elevado como el existente en Costa Rica, las ventajas de la revisión son claras y el ideal es hacerla en condiciones de eficiencia.

Normalmente, la eficiencia en el quehacer empresarial se alcanza sometiendo a los oferentes de servicios a la libre competencia. Por ese motivo, una disposición constitucional prohíbe los monopolios privados y condiciona la operación de aquellos de naturaleza pública. La revisión anual de vehículos es considerada un servicio público, cuya prestación corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cual puede darla en concesión a privados para mejor cumplimiento de los objetivos de interés social tutelados.

Actualmente, el servicio lo suple la firma Riteve SyC, cuyo contrato con el MOPT fue refrendado por las autoridades correspondientes en el 2002 y se prorrogó por otros diez años en julio del 2012. lo anterior significa que en el 2022 vence y, por tanto, conviene analizar si el esquema actual, donde Riteve es la única proveedora del servicio, debe abrirse a la participación de más empresas. En principio, pasar de un suplidor monopolista a un esquema oligopolista o de competencia aunque sea limitada, podría ser deseable. Con la solicitud de Costa Rica para ser admitida en el selecto club de países integrados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el asunto ha cobrado relevancia.

La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y de Seguridad Vial, de octubre del 2012, pide la apertura del servicio de inspección a partir de julio del 2022, fecha relativamente cercana y, por tanto, conviene reflexionar sobre lo más conveniente para el país en este caso concreto. Una primera consideración es que, mediante un proceso de licitación bien diseñado, se promueva la “competencia por el mercado”, si, por una u otra razón, no fuera del todo conveniente la “competencia en el mercado”. El proceso de revisión vehicular exige a las empresas proveedoras contar con una red de estaciones de revisión extendida por todo el país y seguir un procedimiento común (en horarios, metodología de trabajo, etc.). Eso implica un costo fijo elevado, el cual queda mejor distribuido conforme mayor sea el número de estaciones de la red. Los precios por cobrar a los usuarios del servicio serán más bajos conforme más grande sea la empresa.

Los costos de supervisión oficial son relativamente menores cuando se trata de un único suplidor, y no de docenas, como ocurrió en Costa Rica en el algún momento. Un número elevado de empresas dedicadas a la revisión vehicular podría atentar contra la calidad del servicio, como también ocurrió en el pasado.

A juicio de voceros de las cámaras empresariales, Riteve ha brindado un buen servicio, con una amplia red de instalaciones y una operación profesional. Pero un estudio de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), destaca que, como en otras áreas de actividad económica, la apertura en este campo dio buenos resultados en España, Chile, Argentina, Colombia, Alemania y otros países. Por tanto, concluye el estudio, conviene abrir la revisión vehicular a la competencia a partir del 2022.

La apertura debe ser analizada con sumo cuidado y las conclusiones deben quedar debidamente documentadas, en parte para cumplir los requerimientos de la OCDE y también para no perder lo ganado y, por el contrario, avanzar en materia de servicios (horarios, número y ubicación de centros, tiempos de espera, calidad de la revisión, etc.) y precios. Quizá lo mejor sea recurrir a un esquema de pocas firmas, pero serias, que den el servicio bajo la regulación del Estado, y no a cincuenta o más talleres, algunos de los cuales podrían hacerlo de manera deficiente y diluirían innecesariamente el control estatal. Es difícil, en el caso concreto, concluir a priori cuál es la mejor forma de organización, pero es indispensable estudiarla cum grano salis.