“Estamos con las manos amarradas porque no podemos pagar una escuela privada”, dijo una madre de San Carlos, angustiada por las ausencias de los educadores de su hija. En los primeros tres meses del año, 22.359 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) dejaron de asistir al trabajo por incapacidad.
La exclamación de la madre refleja una clara comprensión de la brecha entre educación pública y privada. También apunta a una de las causas. El tiempo perdido en escuelas y colegios públicos no es, ni remotamente, el único elemento diferenciador, pero gravita de forma indiscutible sobre la calidad de la educación estatal.
El apagón educativo es producto de las huelgas del 2018, otras menores en el 2019 y la pandemia a partir del 2020. Si al reducido año escolar costarricense se añaden fenómenos como las incapacidades, no hay tiempo para desarrollar el programa de estudios y mucho menos para recuperar lo perdido. En las aulas con maestros que se ausentan, el retorno a la educación presencial todavía está en proyecto.
Las víctimas son madres como la citada, su hija y 1,1 millones de alumnos de 4.585 escuelas y colegios con grave rezago educativo. A estas alturas, el MEP no ha logrado poner en marcha un plan de recuperación eficaz, pero, cuando lo haga, enfrentará el constante problema de las ausencias.
Los maestros abnegados, conscientes de la importancia de su misión, se cuentan por miles, pero también las incapacidades mensuales. Tenemos el mismo derecho de la madre sancarleña a preguntarnos por qué no sucede lo mismo en las instituciones privadas de enseñanza.
Los 22.359 incapacitados del MEP en los primeros tres meses del año representan el 26 % de los 85.430 funcionarios de la entidad. Es difícil imaginar instituciones fuera del aparato estatal donde la proporción se repita. Como se trata de los primeros meses del año, ni siquiera es posible atribuir el fenómeno a algún tipo de fatiga. En enero, había 2.013 incapacitados. El curso lectivo comenzó el 6 de febrero, y en ese mes hubo otros 9.214. En marzo, los enfermos ya eran 11.132 más.
Si bien el número de incapacitados incluye docentes, personal administrativo y técnicos, la inmensa mayoría son educadores porque, como es lógico, estos profesionales conforman la mayor parte de la planilla, que es la más grande del país. La presencia del personal administrativo, por otro lado, también es necesaria para garantizar la continuidad del servicio educativo.
Las autoridades del MEP reconocen el problema y no encuentran cómo enfrentarlo. Según Sofía Ramírez González, viceministra administrativa, el trámite de incapacidades “se está volviendo una constante” y el número registrado en el trimestre alcanza dimensiones históricas, aunque no pudo brindar datos de años anteriores, debido al hackeo de los sistemas de cómputo del Ministerio.
El costo en recursos de la cartera es enorme. En los primeros tres meses del 2023, el pago de incapacidades ascendió a ¢2.400 millones y se prevé un desembolso adicional de ¢16.578 millones de aquí a diciembre. Hay destinos mucho mejores para la parte malgastada; sin embargo, el daño más sobresaliente es el causado a la formación de los alumnos. Es hora de plantearse el fenómeno de las incapacidades como un obstáculo para la educación nacional, tan cierto como la mala infraestructura, la improvisación de programas y la confusión en torno a los mecanismos de evaluación.
22.359 funcionarios del Ministerio de Educación Pública dejaron de asistir al trabajo por incapacidad en los primeros tres meses del año. (Shutterstock)
