Alejandra tiene 9 años, asiste a una escuela en San Carlos donde cursa tercer grado, pero tiene días libres porque sus profesores se encuentran incapacitados. Su mamá, Sonia Azofeifa, expresó la angustia que vive al ver que su hija no avanza porque el maestro a cargo no se presenta a trabajar.
“Se pierde materia, clases y ¿qué puede hacer uno? Estamos con las manos amarradas porque no podemos pagar una escuela privada. Hace unas semanas llegó un mensaje que ni siquiera iban a realizar la prueba de diagnóstico porque el profesor estaba incapacitado. Uno como encargado de ellos se frustra”, dijo Azofeifa.
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El maestro de Alejandra es uno de los miles de funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) incapacitados en los primeros tres meses de este año.
Como la mayoría de los empleados del Ministerio son docentes, la situación repercute en los estudiantes y causa angustia en las familias, pero también preocupación en las autoridades educativas, pues complica aún más hacerle frente al rezago educativo que afrontan 1,1 millón de alumnos de 4.585 escuelas y colegios.
Solo en los primeros tres meses de este año, la cifra de trabajadores del MEP incapacitados llegó a 22.359. Es decir, poco más de la cuarta parte de sus empleados no pueden presentarse a laborar por razones médicas justificadas.
Ese número, exactamente, es un 26% de los 85.430 funcionarios que tiene el MEP, entre docentes, personal administrativo y técnico, según datos del Departamento de Recursos Humanos con corte a junio de 2022, el más actualizado.
Se trata de la planilla más grande del país.
Según la viceministra administrativa, Sofía Ramírez González, el trámite de incapacidades “se está volviendo una constante”. Aseveró, incluso, que el número de incapacitados en los primeros tres meses del año es “histórico”
La Nación solicitó al Ministerio los datos de años anteriores, no obstante, la entidad dijo no poder entregarla por los problemas causados por el hackeo.
Lo que sí es un hecho es que creció de un mes a otro. En enero, el MEP tenía 2.013 funcionarios incapacitados; para febrero, cuando se inició el curso lectivo el día 6, se sumaron otros 9.214, y para marzo otros 11.132. Es decir, en dos meses, de enero a marzo, aumentó en más de un 400% la cifra mensual de personas con ausencia por razones médicas.
Ramírez reconoció que el tema afecta la dinámica diaria de la institución e impide la continuidad del servicio educativo en diferentes centros del país “porque los docentes o el personal administrativo no se presentan a trabajar”.
“En las incapacidades, es un médico el que determina cuántos días tiene que estar una persona descansando, nosotros no tenemos control, pero nos afecta”, expresó la viceministra.
Causas se desconocen
La cantidad de días que un funcionario de la educación se incapacita no lo pueden determinar; pues, de acuerdo con Ramírez, algunos empleados terminan el periodo de falta justificada y ese mismo día van donde algún doctor para tramitar uno nuevo.
Además, en el MEP desconocen las razones por las que sus funcionarios se incapacitan.
Precisamente, adelantó la funcionaria, realizan una investigación interna para conocer los motivos principales de estas ausencias, ya que en los documentos solo se indica si es por enfermedad, embarazo o accidente de tránsito. No obstante, en el caso de la enfermedad no se precisa de qué tipo.
“Es una situación alarmante porque necesitamos entender si son factores internos que pueden afectar el desarrollo de las lecciones, pero sobre todo necesitamos garantizar que los niños cuenten con los docentes y puedan llevar el curso lectivo sin problema”, insistió Ramírez.
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La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) envió al despacho del viceministro académico, Melvin Chaves, diferentes testimonios de profesores que denuncian un “recargo” en sus funciones y algunos alegan que han terminado en el hospital por cuadros de estrés.
La Nación consultó sobre el tema a la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Ana Doris González, pero prefirió no pronunciarse por considerar que cualquier respuesta sería temeraria, ya que no tiene información sobre las causas de ese gran número de incapacidades.
Sin embargo, el 14 de marzo, ante diputados, González declaró: “Nosotros ya no damos clases, nos dedicamos día y noche a llenar papelitos, que hagamos aquí que allá, que las pruebas comprensivas, ¿por qué? Porque necesitan una página de Excel que diga a la par del chiquito que no sabe sumar o restar, pero no nos dejan dar clases, no nos dejan trabajar”.
Gilberth Díaz, del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), alegó ese mismo día que la estabilidad laboral, la carga, la zozobra e inseguridad que tienen los docentes es lo que “viene a causar problemas”.
En enero de 2016, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) presentó al MEP un estudio denominado “Síndrome del quemado en los docentes de primaria y secundaria”. Con base en entrevistas a 15.000 educadores, detectó que el 30% padecía el “síndrome del trabajador quemado”; un trastorno emocional vinculado al estrés. La principal queja fue la “sobrecarga” de trabajo, el papeleo con cada alumno y hasta el tráfico en carreteras que les implica un largo viaje de ida y vuelta a su trabajo.
Costos
El MEP enfrenta otro reto desencadenado por las incapacidades: debe buscar un suplente para cada uno de esos 22.359 funcionarios que no están trabajando con “el fin de garantizar los servicios educativos”.
Al traducir la situación en costos económico, el MEP ha tenido que pagar en los primeros meses del 2023 un total de ¢2.400 millones en incapacidades y proyectan, hasta diciembre del presente año, tener que desembolsar ¢16.578 millones más.
Para Sofía Ramírez, las incapacidades también pueden estar afectando los nombramientos dado que actualmente faltan 200 profesores y 25 directores. “Somos conscientes del rezago que ha ocurrido en los últimos años y que al regresar a la presencialidad es necesario que los docentes estén con los niños”, concluyó.