28 noviembre, 2018

La huelga del magisterio causó un desastre en las pruebas de bachillerato. Los exámenes pusieron en evidencia a las verdaderas víctimas de la fracasada protesta contra el plan fiscal, ahora convertida en un prolongado periodo de vacaciones y en el desprestigio más grave sufrido por los docentes en muchos años.

Solo la cuarta parte de los estudiantes (9.025 de 36.100) aprobó los exámenes sin ayuda del Ministerio de Educación, es decir, sin las generosas “curvas” aplicadas para subir las calificaciones, además del aumento en el valor de la nota de presentación. Este último subió del 40 % al 60 % y las curvas fueron de seis puntos en los colegios académicos diurnos y ocho en los nocturnos y en las regiones más afectadas por la huelga. Asimismo, el examen no incluyó la materia no vista en clase.

Los educadores ni siquiera aceptan un sistema de evaluación para distinguir a los buenos maestros de los deficientes

Los docentes abandonaron a sus alumnos en la etapa final de preparación para las pruebas. Peor todavía, a tenor de la ley, el país paga ¢2.200 millones diarios por el “servicio” de graduar estudiantes sin los conocimientos necesarios para desempeñarse como bachilleres en el mercado laboral o en otras etapas de la educación.

Pero la huelga solo magnificó el desastre de siempre. Cuando no están en paro, los educadores costarricenses apenas logran graduar al 66,53 % de los estudiantes, como ocurrió al año pasado, gracias a una curva de ocho puntos, aunque la nota de presentación solo valió un 40 %, lo cual marca una gran diferencia.

Quizá el dato más doloroso es la quinta parte (18 %) de alumnos suspendidos este año pese al valor de la nota de presentación, la curva y la exclusión de la materia no vista en clase. El efecto devastador de la huelga este año no debe nublar la vista ante el bajo desempeño del sistema educativo cuando funciona con normalidad.

Los propios sindicatos de la educación han admitido las deficiencias del cuerpo docente cuando critican la mala formación en “universidades de garaje” pero, luego, exigen beneficios gremiales como si en las aulas reinara la excelencia. Los educadores ni siquiera aceptan un sistema de evaluación para distinguir a los buenos maestros de los deficientes. Critican a las universidades de garaje por producir pésimos profesionales, pero, cuando los graduados de esos centros educativos se incorporan a las filas del magisterio, especialmente si se afilian al sindicato, se transforman instantáneamente en docentes cuya calidad no puede ser puesta en duda, siquiera por una evaluación del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La única evaluación local del sistema educativo es el examen de bachillerato. Participamos en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las pruebas PISA, por sus siglas en inglés, donde el país se entera de su rezago frente a otras naciones, pero el examen de graduación de colegio es la única medida del desempeño en diversas modalidades educativas y regiones. Precisamente por eso, hay una fuerte corriente a favor de la eliminación de los exámenes de bachillerato. Sería un grave error. A fin de cuentas, evalúan a los docentes, y lejos de eximirlos de esas pruebas de calidad es necesario insistir en aplicarles evaluaciones directas.

La huelga ha dejado importantes enseñanzas. Una de ellas es la urgencia de reformar la legislación laboral para impedir la repetición del abuso cometido por los educadores, todavía alejados de las aulas pese al fracaso del movimiento, la imposibilidad de lograr sus objetivos y el daño causado a los estudiantes. También es una oportunidad para fijar la atención en el sistema educativo, reconocer sus errores y emprender una reforma profunda. Si el daño causado a los bachilleres de este año es grande, mucha mayor es la afectación sufrida a lo largo del proceso educativo.