Editorial

Editorial: Claridad sobre la ley de empleo público

Las declaraciones de la ministra mandan señales correctas en todas las direcciones. Su misión, afirmó, es ‘construir una hoja de ruta para implementar cabalmente la ley’

La ministra de Planificación, Laura Fernández, salió a despejar dudas sobre la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público. Su despacho está desarrollando la reglamentación necesaria con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cuanto a la definición de las familias de puestos y escalas de remuneración. Llegada la fecha prevista, la ley será aplicada “a cabalidad”, según las instrucciones recibidas del presidente, Rodrigo Chaves.

La nueva ley es uno de los elementos fundamentales del convenio entre el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de asegurar la continuidad del programa acordado, es indispensable para equilibrar las finanzas públicas. La conjunción de esos dos elementos promete estabilidad e inspira confianza entre los actores del mercado financiero internacional.

Esa confianza nunca fue tan necesaria como ahora, cuando las tasas de interés van en rápido aumento y la deuda nacional se encuentra en un punto crítico. Si al creciente costo del endeudamiento internacional se le sumara una percepción de mayor riesgo por motivos internos, el servicio de la deuda estrujaría con mayor fuerza el presupuesto disponible para inversiones y servicios básicos.

Las declaraciones de la ministra sobre la decisión presidencial mandan señales correctas en todas las direcciones. Su misión, afirmó, es “construir una hoja de ruta para implementar cabalmente la ley”. Es un objetivo claro, coincidente con la tarea encomendada al Poder Ejecutivo por el legislador.

El proceso de ejecución de la norma confirmará la solidez del propósito anunciado, porque alcanzar los objetivos depende, en mucho, de la definición de las familias de puestos y la escala de remuneraciones. En esa tarea, el Ministerio de Planificación (Mideplán) no tiene en sus manos todas las decisiones.

La última versión de la ley dejó al gobierno y sus órganos desconcentrados en poder de las definiciones aplicables, así como de los puestos comunes de todo el Estado, pero las instituciones con autonomía o independencia dictarán las escalas salariales del personal encargado de sus funciones esenciales, siempre en el marco general de la ley.

Para lo de su cargo, el Mideplán convocará a los sectores interesados a conversar y plantear sus dudas, pero la ministra descartó una renegociación de la ley y manifestó su intención de retomar los avances conseguidos en la administración pasada con ayuda del Banco Interamericano.

La mesa de diálogo convocada por el Ministerio incluye a sindicatos, grandes empleadores del sector público, abogados constitucionalistas y expertos en derecho administrativo. Estos últimos tienen el camino allanado, porque la ley pasó en dos oportunidades la revisión de la Sala Constitucional y las resoluciones de los magistrados analizan los puntos más relevantes, con razonamientos inequívocos. En el ámbito político, los tres años de trámite legislativo apenas dejaron temas por discutir.

La introducción del salario global en todo el sector público, bajo la rectoría del Mideplán, con las salvedades citadas, ahorrará al Estado ¢394.000 millones anuales, según estimaciones de la administración pasada. Las economías se conseguirán con mayor equidad en las remuneraciones estatales, donde abundan los privilegios y excesos. Sobre todo, la normativa implica aceptación de la realidad fiscal del país y de la imposibilidad de mantener el curso fijado en las últimas décadas. La sola confusión de propósitos, en este momento, puede ser dañina. Por eso, la claridad expresada por la ministra es bienvenida.

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