El caso del partido taxi en el gobierno llama a reflexionar sobre el régimen de partidos y las reformas necesarias para reconstituirlo en procura de la gobernabilidad democrática
El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) nunca existió. Es una verdad de Perogrullo, pero nunca antes había quedado de manifiesto con tanto drama la ficción política detrás de agrupaciones carentes de militancia, programa, ideología y estructura. A poco tiempo de lanzarse a la aventura del 2022, buena parte de los fundadores lo abandonaron para dar la adhesión a otro partido. Nada se volvió a saber de ellos y su defección no tuvo mayor importancia. La renuncia de los fundadores, tan desconocidos como el partido, no hacía falta para demostrar la naturaleza endeble de la agrupación y la falta de cohesión entre sus miembros.
Partidos de esa factura existen desde hace décadas y en las elecciones más recientes han proliferado, pero hasta el 2020 ninguno logró alcanzar la presidencia. El éxito lo explica el debilitamiento de los partidos con trayectoria, y no algún mérito específico del PPSD. El partido carecía de dirigencia para conformar siquiera un gabinete y la flamante administración recurrió al método de solicitar currículums. El resultado salta a la vista. Nunca hubo un equipo de gobierno más inexperto y menos estable.
Antes de hacerse evidente, en la práctica, la inexperiencia de los altos cargos de la administración, sus endebles fundamentos programáticos dieron al traste con el primer período de sesiones extraordinarias del Congreso. El gobierno desaprovechó, por completo, su facultad de conformar la agenda legislativa. Era de esperar. A falta de programa y visión de futuro, simplemente no tenía nada que plantear.
Intentó transformar partes del discurso electoral en proyectos de ley, pero el resultado fue risible. ¿Quién no recuerda la ley contra la corrupción que, sin saberlo, repetía normas de la legislación existente? El segundo período de extraordinarias concluyó sin pena ni gloria para la agenda oficialista. Los dos proyectos relevantes aprobados vienen de administraciones anteriores y uno de ellos, la ley contra el crimen organizado, llegó a buen puerto gracias a los esfuerzos de la oposición. El otro, las jornadas 4-3, tomó impulso durante el gobierno de Carlos Alvarado, aunque enfrentó una larga cadena de tropiezos.
No había cuadros dirigentes ni proyectos, y si queda duda sobre el carácter groseramente instrumental de la organización, el espectáculo de estos días en la Asamblea Legislativa la erradica sin lugar a apelación. La fracción del PPSD, con excepción de su presidenta, milita en otro partido, pero conserva la identidad original para tener derecho a los asesores y otras ventajas proporcionadas por la pertenencia a una fracción formalmente constituida a partir del resultado electoral.
El cisma es una manifestación más del pecado de origen. La dirigencia formal del partido ficticio imaginó posible ampliar su vigencia electoral hasta los comicios municipales para colocar a sus allegados en cargos de elección popular. Esas aspiraciones cayeron mal en círculos oficialistas y no tardó en surgir, de la propia Casa Presidencial, una alternativa que no alzó vuelo, en parte por las divisiones internas. Entonces, quienes aprovecharon el cascarón del PPSD decidieron repetir la historia. Tomaron posesión de otra estructura hueca e intentan reagrupar en ella al oportunismo coaligado para la elección del 2022.
Es un juego electoral y nada más. El presidente Rodrigo Chaves lo evidencia al explicar su acuerdo con las razones de los nueve legisladores para trasladarse a la nueva agrupación, sin dejar de formar parte de su bancada. “Dijeron que, fundamentalmente, no apoyan los objetivos electorales de ese partido (el PPSD)”. El caso llama a reflexionar sobre el régimen de partidos y las reformas necesarias para reconstituirlo en procura de la gobernabilidad democrática. Tanto el oportunismo de los cascarones electorales como el vacío creado por las deficiencias de las agrupaciones consolidadas impiden fijar un norte para sacar al país de las dificultades que encara.
El caso del partido taxi en el gobierno llama a reflexionar sobre el régimen de partidos y las reformas necesarias para reconstituirlo en procura de la gobernabilidad democrática. (Shutterstock)
