EscucharLa muerte de dos jóvenes en el centro de San José conmovió al país y renovó el clamor por la seguridad ciudadana. Costa Rica perdió a dos muchachos ejemplares, uno cuando volvía a casa después de departir con amigos en la California y el otro también, camino al hogar después de concluir su jornada de trabajo.
Jorge Torres, ministro de Seguridad Pública, cuestionó la concesión de patentes municipales con horarios de operación hasta las 3 a. m. Su preocupación se relaciona con la insuficiencia de policías para vigilar el centro de la capital durante la madrugada. El propio ministro dijo desconocer si la hora afecta la seguridad y no hizo una propuesta concreta para limitarla.
No hay duda del papel de la nocturnidad en el crimen, especialmente los asaltos callejeros a mano armada. La lógica y la práctica también permiten establecer una relación entre las aglomeraciones y la delincuencia, pero no es realista plantear el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante el encierro de las posibles víctimas. Si falta vigilancia, cualquier hora será peligrosa, especialmente a partir de la caída del sol y en los alrededores de sitios donde se congreguen las personas.
Los jóvenes asesinados no transitaban a las 3 a. m. Uno fue atacado a eso de las 10 p. m. y el otro, una hora y media más tarde. El cierre de los lugares de entretenimiento a cualquier hora temprana no habría sido útil para evitar el ataque al joven que regresaba a su casa después de trabajar.
El ministro tomó el camino correcto cuando decidió conversar con la Municipalidad de San José para unir esfuerzos y mejorar la vigilancia de los centros nocturnos y el cumplimiento de la ley en las zonas donde se concentran.
La Fuerza Pública compartirá con la Policía Municipal labores de patrullaje, inteligencia y estrategias preventivas. Marcelo Solano, jefe de la Policía capitalina, también señaló entre los objetivos del acuerdo la recuperación de espacios públicos utilizados para el narcotráfico y las diversas formas de delincuencia asociadas con él.
Si el esfuerzo conjunto aumenta el número de oficiales disponibles, el impacto puede ser significativo. Si el número de policías de todas formas resulta insuficiente, conviene explorar la posibilidad de aumentarlo.
El impuesto sobre las personas jurídicas se recauda para financiar la seguridad ciudadana. Solo el 5% se destina al Ministerio de Justicia para financiar la buena gestión y recaudación del impuesto por el Registro Nacional y apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.
Es preciso revisar si la tarea asignada al Registro se está cumpliendo a cabalidad o si es necesario reconsiderar las tarifas. La inversión en seguridad ciudadana es una de las más importantes para la calidad de vida y el desempeño de la economía, comenzando por la vital industria turística.
Pero hay otras inversiones capaces de aumentar las capacidades de vigilancia. La tecnología sirve para mantener la vista puesta sobre los lugares conflictivos pero, también, para desarrollar modelos de predicción de la actividad delictiva y gestionar la inteligencia.
El Ministerio de Seguridad Pública tiene su unidad de análisis, pero los medios son limitados. En uno de los dos casos que a todos nos entristecen en la actualidad, cuatro cámaras municipales de vigilancia captaron el homicidio y facilitaron la captura de los autores.
Tres de los cinco acusados son menores de edad y uno de ellos apenas tiene 14 años. La delincuencia juvenil y su tratamiento deben ser otro desvelo de la sociedad y las autoridades.
Casos como el de comentario y ocasionales recrudecimientos de la violencia, como el marcado por la aparición de los “chapulines”, recuerdan la incidencia de jóvenes, casi niños, en la inseguridad. Esa es otra área donde el ahorro puede resultar caro.
