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Costa Rica es la única democracia plena en Centroamérica, seguida por Panamá, cuya democracia es calificada como «imperfecta» por el reconocido Informe estado de la región. Nuestra calificación es compartida por países como Noruega, Canadá, Japón, Chile y Uruguay. La de Panamá es la misma categoría donde están Estados Unidos, Francia, Portugal, México, República Dominicana y otras 45 naciones. Nicaragua es autoritaria, como Cuba y Venezuela, mientras El Salvador retrocedió para unirse a Guatemala y Honduras en la categoría de regímenes híbridos.
De entrada, nuestra calificación es motivo de orgullo; sin embargo, el informe advierte sobre la necesidad de mantener una actitud vigilante. Costa Rica es el país con más apoyo a la democracia; no obstante, la legitimidad reconocida al sistema por la ciudadanía retrocedió de alta a media y la tolerancia característica de la vida democrática se movió en la misma dirección, según el Estado de la región.
Las personas con baja tolerancia frente a quienes piensan diferente o tienen otros valores «representan un riesgo para la democracia en tanto su creencia en ella carece de bases sólidas y, en un contexto electoral, ese desarraigo podría ser capitalizado por grupos antisistema», dice Ronald Alfaro, uno de los investigadores del informe. En Costa Rica, representan el 28,2 % de la población.
La advertencia no está de más pese al reconocimiento de nuestras virtudes democráticas. Ningún retroceso debe ser ignorado y, en nuestro caso, las causas son evidentes. El Estado se muestra incapaz, con demasiada frecuencia, de satisfacer razonables demandas de la población. La clase política se empeña en crear expectativas irrealizables y la desigualdad crece, en buena parte alentada por los presupuestos públicos mal dirigidos.
La Asamblea Legislativa, mucho más eficaz ahora que antes, todavía tiene más espacio para mejorar. Parte de la mejora podría ser la reforma del sistema de elección de diputados. La elección de magistrados, por otra parte, se torna oscura, pese a la supuesta adopción de mecanismos objetivos y transparentes.
La lista de tareas pendientes para perfeccionar la democracia es larga, pese a la «plenitud» reconocida por el informe. Una de las más significativas es poner coto a la corrupción. En ese campo hay avances notables, pero han tenido el efecto de evidenciar la magnitud del problema y las limitaciones de la respuesta estatal. Los procesos judiciales duran demasiado tiempo y nunca anda lejos la posibilidad de la impunidad.
Los grandes escándalos de corrupción y la percepción alimentada por la suma de pequeños incidentes erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En la clase política, no faltan quienes culpen del desgaste a la publicidad de las irregularidades en los medios de comunicación, pero es la libertad de prensa uno de los factores fundamentales de la reacción eficaz contra la corrupción.
Nuestra sociedad también enfrenta el reto de la desinformación, un fenómeno surgido de la mano de Internet y las redes sociales con enorme potencial destructivo de las instituciones democráticas. La amenaza se manifiesta en Costa Rica cada vez con mayor fuerza. Si el aumento de la intolerancia política es una de las grandes preocupaciones de los investigadores del Estado de la región, no cabe duda del papel de los medios digitales en exacerbarla.
Cuanto más crezca el número de intolerantes y ambivalentes frente al sistema, más vulnerable será la democracia. Su aumento es una tendencia en toda América Central y más allá. Tampoco somos la nación más afectada, pero sería un grave error dormirse en los laureles, porque las pérdidas de la democracia no son fáciles de recuperar.