La democracia perdió terreno en Centroamérica durante los últimos cinco años, ante la mayor presencia de señales claras de autoritarismo en cuatro de seis países del área.
Nicaragua se consolidó como un régimen autoritario durante los 14 años del segundo mandato de Daniel Ortega (en el primero duró otros 11 años). En tanto, con el presidente Nayib Bukele, El Salvador se unió a Guatemala y Honduras en la categoría de regímenes híbridos, debido a las muestras de concentración de poder, corrupción y faltas en el sistema de pesos y contrapesos.
Así lo alerta el Informe del Estado de la Región 2021, divulgado este jueves, el cual hace referencia a los últimos datos del Índice Global de Democracia, elaborado por The Economist.
En Centroamérica, solo Costa Rica y Panamá viven en democracia. Esas son las únicas dos naciones que han sostenido avances ininterrumpidos en este materia desde el año 2000, señala la investigación regional.
El documento destaca que, en el último año, el índice elaborado por The Economist reclasificó el sistema político de El Salvador de democracia imperfecta a régimen híbrido, debido a actuaciones con rasgos autoritarios en ese país.
“Ningún otro país de América Latina se inclinó más hacia el autoritarismo en 2020 que El Salvador”, destacó el Índice Global de Democracia.
A esa misma categoría habían caído Honduras en 2008 y Guatemala en 2010.
De acuerdo con Alberto Mora, director del Estado de la Región, los regímenes híbridos concentran el poder pese a contar con todo el aparato institucional para garantizar la democracia.
“Tienen la estructura o los elementos que se requieren para funcionar en democracia, pero el ejercicio del poder y las prácticas institucionales no responden a los principios democráticos.
“En estos casos, es clara la pérdida de independencia de poderes, la cooptación del Poder Ejecutivo a otros poderes del Estado mediante situaciones como la remoción de magistrados en las cortes plenas de Justicia, un mayor control de la gestión legislativa o, de alguna manera, la erosión de ese principio fundamental de los pesos y contrapesos del Estado”, afirmó.
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Nicaragua, por su parte, fue registrada como un régimen autoritario en el reporte a partir del índice del 2018. China, Cuba y Venezuela son parte de los países que comparten esta denominación política.
Las únicas dos democracias de la región centroamericana también tienen diferencias entre sí, pues Costa Rica es catalogada como una democracia plena y Panamá como una democracia imperfecta.
Costa Rica forma parte de una lista de 23 naciones, en donde no solo las libertades políticas y civiles son respetadas, sino que también están respaldadas por una cultura política que promueve la democracia.
En este grupo están, por ejemplo, países como Noruega, Canadá, Japón, Chile y Uruguay.
Mientras, Panamá está situada en la escala de democracias imperfectas, donde comparte espacio con Estados Unidos, Francia, Portugal, México, República Dominicana y otras 45 naciones.
De acuerdo con el índice, en estos países también hay elecciones libres y justas, y se respetan las libertades civiles como en las democracias plenas. Sin embargo, existen debilidades “significativas” en otros aspectos de la democracia, como problemas de gobernanza, cultura política subdesarrollada o bajos niveles de participación política.
Incremento de intolerantes políticos
De acuerdo con el informe, otra de las amenazas para la región centroamericana es el aumento de la población con actitudes contradictorias con la democracia.
El investigador Ronald Alfaro, politólogo a cargo de este análisis, explicó que cuanto más crezca este grupo, más vulnerable es la democracia en cada país.
Estas personas se identifican como supuestos simpatizantes de la democracia, pero muestran baja tolerancia política con respecto a quienes piensan o tienen valores distintos a los suyos.
“Representan un riesgo para la democracia en tanto sus creencias en ella carecen de bases sólidas y, en un contexto electoral, ese desarraigo podría ser capitalizado por grupos antisistema”, afirmó el investigador.
Los ambivalentes, como también se les llama a estas personas, representaron un 40% de la población de Panamá para el año 2018, según datos recogidos de la Encuesta Barómetro de las Américas.
En Guatemala, Honduras y El Salvador, esa proporción representa entre el 33% y el 38% de sus poblaciones, mientras que en Costa Rica es del 28,2% y en Nicaragua del 25,7%.
Por otra parte, Costa Rica es el país centroamericano con la mayor proporción de población que apoya abiertamente la democracia. No obstante, el informe advierte de los peligros que enfrenta.
“En comparación con sus vecinos, Costa Rica sigue siendo el país que más apoya a la democracia, con niveles de tolerancia media. Sin embargo, no escapa de la tendencia regional, pues el nivel de legitimidad que las personas le dan al sistema decreció de alto a medio”, señala el Informe del Estado de la Región.
Esta investigación es una iniciativa de cooperación internacional elaborada por el Programa Estado de la Nación, del Consejo Nacional de Rectores (Conare) de Costa Rica. El estudio es apoyado por un consorcio de organizaciones nacionales, regionales e internacionales como la Unión Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.
El Salvador
El Índice Global de Democracia 2020 dedicó un apartado especial en su reporte, para analizar la situación sociopolítica de El Salvador, con su presidente Nayib Bukele.
The Economist destacó que el político surgió como resultado de la negligencia, mala gestión y corrupción de gobiernos anteriores.
“Como un outsider político, ha criticado la clase política tradicional y empañada del país, pero también parece ignorar los pesos y contrapesos en su gobierno”, dice el informe sobre el mandatario salvadoreño.
Según el análisis, Bukele aprovechó su gran popularidad, por los altos niveles de aceptación ciudadana, así como la pandemia de coronavirus para concentrar el poder.
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“En abril de 2020, desobedeció varios fallos de la Corte Suprema, pidiéndole que respetara los derechos humanos mientras hacía cumplir las reglas de cuarentena, luego de que las fuerzas de seguridad habían detenido arbitrariamente a personas en centros de contención.
“Antes de eso, en febrero de 2020, rodeó la Asamblea Legislativa con militares y policías para presionar a la legislatura para aprobar un préstamo de $100 millones.
“También es una voz crítica de los medios de comunicación que, en los últimos meses, han investigado denuncias de irregularidades en adquisiciones y gastos relacionados con la pandemia”, señala el reporte.
Posterior a la emisión de dicho informe, en las elecciones legislativas de marzo de 2021, el presidente salvadoreño logró una amplia mayoría en el Congreso.
Dos meses después, la Asamblea Legislativa controlada por Bukele destituyó al fiscal general y a los magistrados de la Sala Constitucional.
Luego, en julio, el gobierno de Nayib Bukele ordenó la expulsión de El Salvador, del editor del periódico digital El Faro. Ese medio de comunicación informó de que estaba investigando casos de presunta corrupción.
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