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San Salvador. El nuevo Congreso de El Salvador, afín al presidente Nayib Bukele, destituyó el sábado al fiscal general, aduciendo falta de independencia, horas después de haber relevado del cargo a magistrados de una corte incómoda para el mandatario.
“Con 64 votos a favor, queda destituido como fiscal general de la República el abogado Raúl Ernesto Melara”, dijo el presidente del Parlamento, Ernesto Castro. En la decisión mayoritaria, pusieron en entredicho la imparcialidad del funcionario, a quien señalan por tener vínculos con el partido opositor Arena.
Horas antes, los nuevos diputados también destituyeron a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados de esta sala de haber emitido sentencias “arbitrarias”.
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“Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!”, enfatizó Bukele al ser aprobada la destitución.
Sin embargo, pese a ya haber sido relevados del cargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon “la inconstitucionalidad del decreto de destitución”.
En su sentencia denunciaron la intención de “suprimir los controles efectivos hacia los órganos Ejecutivo y Legislativo”, necesarios para la República y para la defensa de la democracia.
Enfrentados con el presidente
Bukele había librado una batalla contra esta sala, que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.
En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había “quitado atribuciones para luchar contra la pandemia” de covid-19 y para cuidar de la vida de sus compatriotas.
Y el pueblo salvadoreño 🇸🇻, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 2, 2021
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La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema. Su misión es resolver demandas de inconstitucionalidad, hábeas corpus y controversias entre los poderes del Estado.
Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.
“Es evidente que los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales”, consideró la legisladora Suecy Callejas, del gobernante Nuevas Ideas.
‘Acto de venganza’
“Es una situación que lleva un riesgo profundo. Está jugando con fuego (el Congreso) y esto puede profundizar una crisis de una magnitud que no nos va a permitir salir”, afirmó el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro.
La subsecretaria interina de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, advirtió que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.
Para el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.
En tanto, el diputado demócrata estadounidense Albio Sires, consideró la decisión del legislativo como “un acto ilegal de venganza, y un gran paso hacia el autoritarismo”. Sugirió al gobierno de Biden “disminuir la cooperación con su gobierno” si la destitución se mantiene.
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Bukele reiteró que está dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero les pidió mantenerse al margen. “Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”, aseguró.
Los parlamentarios de la oposición, ahora en minoría, cuestionaron la forma en que se destituyó a los magistrados, sin que se escuchen sus argumentos.
“Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa, con una mayoría que el pueblo se las dio a través del voto, es un golpe de Estado”, afirmó, por su parte, el diputado René Portillo, del derechista Arena.
“Cómo grupo parlamentario no seremos cómplices del golpe de estado”, comentó por su parte la legisladora Anabel Belloso, de la exguerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En el nuevo Congreso unicameral, el partido formado por Bukele, Nuevas Ideas (NI), tiene 56 diputados, mientras que sus aliados, los conservadores de la Gran Alianza Nacional (Gana), cuentan con 5, sumando 61 escaños de un total de 84.
Completan el Parlamento los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), con 14 escaños; la izquierdista FMLN, con 4; el Partido de Concertación Nacional (PCN, derecha), con 2; y con un parlamentario la Democracia Cristiana, Nuestro Tiempo y Vamos.
