Toques de queda, ataques a la prensa, detenciones arbitrarias y minimización de la pandemia. La lucha contra el nuevo coronavirus en Centroamérica mina con rapidez la tambaleante estabilidad democrática de la región, una asignatura pendiente desde el fin del conflicto armado.
Los líderes de El Salvador, Honduras y Guatemala han tomado como excusa la urgencia de evitar el avance de la covid-19 para violentar derechos esenciales de los ciudadanos e inclinarse hacia la concentración de poder. El caso extremo es Nicaragua, cuyo gobierno tomó escasas medidas para frenar los contagios.
La muestra de prácticas autoritarias en plena emergencia sanitaria ahonda el debilitamiento de las normas democráticas y la transparencia institucional en el Istmo, las cuales venían en franco declive desde el golpe de Estado en Honduras en el 2009.
“La pandemia no provoca la regresión democrática, más bien lo que hace es dar una nueva oportunidad a las fuerzas más autoritarias de tratar de imponerse y agrava esa tendencia en los países en los que ya era evidente”, explicó Jorge Vargas Cullell, director del programa Estado de la Nación.
“Es como si alguien que venía con ganas de comerse un queque, le pusieran el queque al frente”, agregó.
Al inicio de la crisis sanitaria, el presidente salvadoreño Nayib Bukele emitió un decreto para detener a los ciudadanos que violaran la cuarentena.
Cientos de personas fueron capturadas y recluidas en centros bajo condiciones de hacinamiento e insalubridad. Incluso, un hombre murió en uno de estos espacios luego de no recibir la atención médica adecuada. También fueron arrestados ciudadanos por no usar mascarilla, un asunto que no estaba contemplado en el decreto presidencial.
“El mandatario actúa como si cualquier política fuera válida para detener a la covid-19, incluida la adopción de medidas que han llevado a cientos de arrestos arbitrarios”, afirmó en abril José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
Asimismo, el gobernante, que lleva poco más de un año en el poder, mantiene una guerra abierta con la Corte Suprema de Justicia, ya que el órgano fiscalizador ha tumbado al menos 10 decretos ejecutivos relacionados con la pandemia, incluyendo el de la extensión de la cuarentena.
Bukele respondió a los magistrados de esta forma: “Los hubiera fusilado a todos o algo así si fuera de verdad un dictador. Salvas 1.000 vidas a cambio de cinco”.
Bukele aclara que no es un dictador:
— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) August 10, 2020
“Los hubiera fusilado a todos o algo así si fuera de verdad un dictador, salvas mil vidas a cambio de cinco”.
Lo dice al respecto de los magistrados de la Sala Constitucional que han frenado sus atropellos al estado de derecho.
Increíble. pic.twitter.com/ZxLyUEoZWZ
El presidente también lidera una campaña de desacreditación contra el rol de los medios de comunicación y su vínculo con el Congreso cayó en el deterioro. Los analistas coinciden en que desde que comenzó la crisis por la covid-19, el tono del gobernante se ha caracterizado por seguir una línea confrontativa.
“Bukele tiene un abordaje muy autoritario de la política y de las instituciones. Es una persona muy peligrosa y con un grado de apoyo enorme. Ha tenido en esta pandemia una actitud particularmente confrontativa desde el punto de vista verbal”, manifestó Eduardo Ulibarri, exembajador de Costa Rica ante Naciones Unidas.
En el caso de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández decretó en marzo un toque de queda “a nivel nacional y absoluto”, con los militares en las calles, para contener el avance del coronavirus.
Las personas solo podían circular con el fin de comprar alimentos, medicinas, trasladarse a establecimientos sanitarios y acudir a lugares de trabajo autorizados. La medida se mantiene, pero con menos restricciones.
“Al inicio, el Gobierno no dio ningún espacio de diálogo a los principales sectores de la oposición, solo abrió la vía con los empresarios, quienes después se distanciaron del presidente. Juan Orlando Hernández recibió muchas críticas por eso y luego se sumaron los escándalos de corrupción”, mencionó el sociólogo y profesor universitario hondureño, Eugenio Sosa.
El gobierno de Hernández también limitó el acceso a la información al tomar como excusa la ley de emergencia para publicar los datos de la pandemia solo en un sitio web oficial, lo que impedía a los periodistas plantear sus dudas o cuestionamientos. La iniciativa fue revertida por presión de comunicadores y ciudadanos.
Hernández anunció en junio que se contagió del nuevo coronavirus. El mandatario permaneció hospitalizado varios días a causa de una neumonía provocada por la enfermedad.
En tanto, en Guatemala el gobernante Alejandro Gianmmatei fue denunciado por organizaciones sociales luego de hacer una declaración en la que le trasladaba la responsabilidad de detener los casos de la covid-19 a los habitantes. Asimismo, en medio del estado de excepción proliferaron los ataques a la prensa y las restricciones al acceso de la información.
Al salir del Congreso, luego de presentar su plan económico, Gianmmatei roció desinfectante a un grupo de periodistas, un acto que asustó a los comunicadores y fue catalogado como despectivo. Además, días después dijo: “Yo quisiera poner en toque de queda a los medios, pero no se puede”.
El primer contagio en Guatemala fue registrado el 13 de marzo y desde entonces el Ejecutivo ordenó el cierre de centros comerciales, prohibió el transporte público, restringió la movilidad de vehículos, llamó al teletrabajo y decretó un toque de queda parcial.
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Por otro lado, la estrategia del gobierno de Nicaragua se ha centrado en minimizar la pandemia y en rechazar la toma medidas para frenar los contagios como el resto de países del mundo.
Al contrario de lo que recomiendan las autoridades de salud con respecto al distanciamiento social, Daniel Ortega se ha enfocado en instar a las personas a que participen en actos masivos poniendo así en peligro la vida de los ciudadanos.
Asimismo, médicos críticos con el gobierno fueron despedidos de los hospitales públicos luego de poner en tela de duda las acciones gubernamentales contra el avance del virus. Además, los funcionarios de salud dicen realizar cementerios exprés nocturnos para enterrar a las víctimas de la pandemia.
“Aquí el gobierno hizo una campaña diciendo que no iba a entrar el virus, que estábamos protegidos y que no iba a pasar nada, es decir, dio argumentos sin base científica. Con la pandemia, en el país se ha presentado un problema muy serio de automedicación”, aseguró el epidemiólogo nicaragüense Leonel Argüello.
Las defunciones de las víctimas mencionan que los decesos son a causa de problemas respiratorios, ya que está prohibido mencionar que el motivo real es la covid-19.
“Hay testimonios que dicen que los médicos fueron obligados a cambiar el diagnóstico y no poner para nada la palabra ‘covid'. Los médicos que fueron despedidos fue porque se negaron a hacer esta mala práctica por inmoral”, señaló el también epidemiólogo de Nicaragua Rafael Amador.
Más allá de lo económico y social
“El reto ahora (en Centroamérica) ya no solo es reactivar la economía y transformar lo social, sino que es mantener y profundizar la democracia... imagínese”, comentó Alexánder Segovia, presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (Incide).
En criterio de Vargas Cullell, Panamá y Costa Rica son los países de la región en los que el contexto de pandemia no se ha aprovechado para tomar medidas autoritarias. Por esta razón, considera que esta diferencia socava aún más la fractura entre las naciones centroamericanas.
Sin embargo, las limitaciones establecidas por el presidente panameño Laurentino Cortizo en la gestión de la emergencia han enfrentado reproches y han sido calificadas como severas.
“Hay varias demandas de inconstitucionalidad por la forma en la que se tomaron algunas medidas que implican restricción de libertades en el área metropolitana”, contó Leonor Calderón, exministra panameña.
Panamá es el país con la tasa de contagio más alta del Istmo. De acuerdo con Calderón, la interconectividad que siempre se ha tomado como un punto fuerte del país, en este caso jugó una mala pasada porque el virus ingresó al territorio “por ocho lugares diferentes”.
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Golpe a la integración regional
La pandemia del nuevo coronavirus también propinó un fuerte golpe al proceso de integración de los países centroamericanos y a la institucionalidad regional que ya se encontraba en cuidados intensivos desde antes de la crisis sanitaria.
“Los espacios de coordinación han sido mínimos, así como los espacios de formulación de acciones conjuntas y la cooperación de resolución de problemas”, adujo Vargas Cullell.
El 12 de marzo, los mandatarios de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras Nicaragua, Panamá y República Dominicana se reunieron de manera virtual y acordaron elaborar un Plan de Contingencia Regional orientado a unir esfuerzos en la lucha contra la covid-19. El presidente Nayib Bukele no participó en la cita.
No obstante, hasta el momento no se ha concretado un nuevo encuentro de los líderes del Istmo.
La falta de articulación regional también es evidente en la ausencia de un líder que muestre interés en propiciar un acercamiento político entre los jefes de Estado.
“En la actualidad, no hay ningún presidente que esté o que quiera hacer del tema de la integración una causa y que tenga el músculo político por lo menos para pretender que pueda tener posibilidades de éxito”, recalcó, por su parte, Ulibarri.
Los analistas insisten en que la unión de los países podría favorecer la coordinación de asuntos relevantes como la migración intrarregional, que podría dispararse cuando se reabran las fronteras terrestres. El tema comercial es el que presenta mayor progreso debido a los intereses que acarrea.
“Centroamérica junta puede lograr muchas cosas, pero de manera individual no va a ir muy lejos. Lo que esta crisis ha demostrado es que es la región más frágil, dependiente y vulnerable de América Latina por su dependencia con Estados Unidos, la desigualdad y el empleo informal”, concluyó Segovia.