Escuchar
San Salvador. La orden del gobierno de El Salvador de retener a personas que violen la cuarentena por el nuevo coronavirus desató un enfrentamiento entre el presidente Nayib Bukele y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que prohibió esa medida, pero el mandatario anunció que no acatará la disposición.
La noche del miércoles, la Sala de lo Constitucional de la CSJ dictó como medida cautelar que las autoridades gubernamentales tienen "prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario" a personas que violan la cuarentena sin causa justificada.
La cuarentena domiciliar obligatoria está vigente desde el 21 de marzo para frenar la propagación de la covid-19.
Hasta el viernes, El Salvador acumula 177 casos confirmados, entre ellos siete fallecidos.
El gobierno de Bukele extendió el pasado martes la cuarentena domiciliar obligatoria mediante un decreto ejecutivo después de que el Congreso se negó a extender el estado de emergencia, que expiró la noche del lunes y que permitía restringir los derechos constitucionales de libre tránsito y reunión.
Sin embargo, el jueves por la noche la Asamblea Legislativa dio el visto bueno a una prórroga de 15 días.
El estado de emergencia, cuya ampliación expira el 1.° de mayo, también permite al gobierno prohibir aglomeraciones, mantener cerradas escuelas y universidades, bares y discotecas y el comercio, salvo los restaurantes o negocios de alimentos que únicamente pueden vender productos alimenticios para servir a domicilio.
Además faculta a las autoridades sanitarias a limitar o restringir la circulación de personas que puedan ser portadoras del nuevo coronavirus y a que reciban obligatoriamente atención médica.
Bukele reaccionó a lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional y mediante su cuenta de Twitter dijo que "ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño".
“Así como no acataría una resolución que me ordenara matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”, manifestó.
La Policía ha retenido a más de 1.500 personas que violaron la cuarentena domiciliar y que fueron enviadas a centros de contención por 30 días. Estos centros se abrieron en instalaciones públicas que normalmente funcionan como colegios u oficinas gubernamentales.
Según el mandatario, los aspectos sanitarios "son facultades del Ministerio de Salud".
Pero Bukele fue más allá y acusó a la Sala de lo Constitucional de "cruzar sus propias limitantes" al decidir sobre temas sanitarios.
La Sala de lo Constitucional, en tanto, le recordó al gobierno en su resolución que sus decisiones "no son peticiones, solicitudes, ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se trata de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento".
Según los magistrados, cualquier medida orienta privar de libertad a los infractores de la cuarentena obligatoria debe regirse por medio de una ley.
Indicó: “Cualquier intento de privación de libertad carente de base legal de las personas que infrinjan la cuarentena domiciliaria, sustituyendo las palabras que regulen el internamiento sanitario forzoso por términos como ‘retención’, ‘traslado’, ‘evaluación’, ‘localización’ y cualesquiera otra que utilicen las autoridades públicas, mientras no se regule esa forma de limitación de la libertad física en una ley formal carecería de legitimidad constitucional”.
