10 febrero

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, planteó este lunes ante la Asamblea Legislativa y el país un robusto plan de acción destinado a consolidar nuestra vulnerable situación fiscal, impulsar la reactivación económica y, como resultado, generar más empleo “sin tocar el bolsillo de las personas”, es decir, sin más impuestos y sin menos servicios públicos, según sus palabras.

Si lo calificamos como robusto, es por la integralidad de sus propuestas —que incluyen acciones sobre el gasto, la recaudación, la administración tributaria y la dinámica del Estado—, la profundidad y dimensión estructural de algunas de ellas, la ratificación del compromiso gubernamental con la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y su enfoque no solo en la magnitud del gasto, sino también en su calidad.

Sin descuidar la importancia de escrutarlo con el mayor detalle posible, este plan, inédito en muchos aspectos, merece el respaldo de los diputados, los partidos, la Administración Pública y los ciudadanos en general; también, requerirá del liderazgo del presidente y la acción unida del gabinete. Solo con un compromiso de esta magnitud, tan lleno de urgencia como de oportunidades, será posible activar un “círculo virtuoso” donde la consolidación fiscal, la contención y la mejora del gasto público y el buen manejo macroeconómico generen la confianza y credibilidad necesarias para incentivar la inversión local y extranjera, acelerar el tenue repunte de nuestra actividad económica y crear más empleo. Se trata de un indudable imperativo nacional.

Diagnóstico de situación. La primera parte de la presentación estuvo destinada a resumir el balance de las finanzas públicas, a explicar por qué el déficit fiscal, tanto primario (sin pago de intereses) como total (que sí los incluye), subió en el 2019 y a enfatizar lo que aún algunos sectores se empeñan en desconocer: que sin reforma fiscal nos habríamos precipitado en una crisis de enormes proporciones, con graves secuelas de inestabilidad y empobrecimiento.

De estos temas, el ministro había hablado al presentar el cierre fiscal del pasado año, y también han sido explicados por el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero. Aun así, vale la pena destacar un dato sumamente revelador sobre la importancia que tuvo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Sin ella, el faltante de ingresos habría llegado al cierre del pasado año a un 8,44 % del producto interno bruto (PIB), en lugar del 6,9 % anunciado, y tanto su crecimiento como el de la deuda se habrían vuelto casi exponenciales y, por ende, inmanejables y catastróficos.

Sin embargo, el esfuerzo realizado hasta ahora no impidió la mala noticia de la que fue portador Chaves: la decisión de la agencia calificadora Moody’s, comunicada ayer, de rebajar la “nota” del país de B1 negativa a B2 estable, lo cual refleja menor confianza sobre la capacidad para honrar nuestras obligaciones crediticias internacionales y, además, encarecerá el costo del financiamiento futuro. Por esto, constituye un significativo golpe a los planes para reducir el endeudamiento público; a la vez, sin embargo, reafirma la necesidad de actuar rápida e integralmente en la consolidación de las finanzas del Estado, como vía para lograr mayor bienestar. Es en este sentido que el plan propuesto merece nuestro apoyo.

Abonos y venta de activos. De sus cuatro pilares, el más innovador y con resultados potenciales más rápidos y determinantes será la realización de abonos extraordinarios al principal de la deuda pública, con los cuales se estima reducir su peso, de aquí al 2022, en un 2,35 % del PIB. Sus mayores fuentes de pago serán dos iniciativas de gran calado, que requerirán aprobación legislativa: el superávit acumulado de las instituciones autónomas y descentralizadas, la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la concesión o venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). Son medidas no solo de carácter fiscal, sino también estructural, en línea con un Estado más eficaz y acorde con las realidades del país. A ellas se añade el uso de una porción de las utilidades de las empresas estatales, aún por determinar, también para el pago de deuda.

A lo anterior hay que agregar los esfuerzos, ya en marcha, por sustituir deuda cara con otra más barata, sea mediante créditos de organismos multilaterales o con nuevas emisiones de bonos. La baja en la calificación de Moody’s hará que esta tarea sea más difícil, pero también más importante. Al respecto, resaltamos el compromiso gubernamental de que cada colón de recursos frescos se utilice para cancelar obligaciones existentes y el pedido del ministro a los diputados para que “amarren” al Ejecutivo a esta promesa.

La reducción del gasto, otro de los pilares del plan, tendrá como componente esencial, más allá de una “mejor gestión administrativa” —algo que siempre está por verse—, la presentación, el 27 de este mes, de la nueva ley de empleo público. No conocemos su texto, y hasta ahora se ha impulsado más como una iniciativa para mejorar la eficiencia de la administración estatal que como una acción de índole fiscal; sin embargo, en la medida en que añada un impacto en este último sentido, sería doblemente bienvenida.

También son bienvenidos los esfuerzos por reducir la evasión entre un 2,75 % y un 3 % del PIB. La urgencia de atacar esa práctica, lo mismo que la elusión, resulta indispensable, al igual que reducir una gran cantidad de exoneraciones fiscales injustificadas. Si a esto se añade una verdadera modernización del manejo tributario, a partir de la reorganización de procesos y la aplicación de más y mejor tecnología, como también propuso Chaves, su impacto no solo será un aumento en la recaudación, sino, junto con otras iniciativas, un servicio más ágil para los usuarios.

Propuesta realista. Los planteamientos del ministro no son un plan global para transformar la economía; tampoco, una hoja de ruta para la reforma del Estado. Van encaminados hacia objetivos más realizables y realistas: consolidar las finanzas públicas, cuya mejora aún es insuficiente, como “requisito de umbral para la reactivación”, y hacerlo sin afectar los ingresos de la gente o los servicios estatales. Además, incluye avances hacia reformas institucionales muy necesarias, pero postergadas por años, que constituyen pasos importantes hacia una mayor eficacia y eficiencia estatal.

Algunos diputados consideran que las propuestas son insuficientes y desean más. Su actitud de vigilancia y exigencia es sana, y parece revelar un compromiso serio. Esperamos que la mantengan, pero que no la utilicen como excusa para descarrilar un plan que, además de sólido, es urgente y valiente. Si, como parte de su compromiso manifiesto, una vez aprobado se le da seguimiento con otras iniciativas de reforma, sobre todo encaminadas a la consolidación y progreso en la eficiencia de las instituciones, mejor aún. Pero lo primordial es no retrasar las acciones ya planteadas por el ministro y, más bien, utilizarlas como acicate para continuar avanzando. No se trata solo de “dar un golpe de confianza”, como dijo Chaves; más relevante aún es abordar estas iniciativas como vía para crear condiciones más propicias para el crecimiento y el bienestar. Su impacto no será mágico, pero sí clave para alcanzar estos objetivos.