EscucharEl Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recibió en el 2002 advertencias de la Contraloría General de la República y de la auditoría interna sobre la ilicitud de los sobresueldos reconocidos a funcionarios desplazados de su zona habitual de residencia para cumplir funciones propias de los cargos.
Los señalamientos no debieron ser necesarios porque la duplicidad de los pagos es totalmente obvia y el Reglamento para el reconocimiento de la compensación por desarraigo, n.° 31564, más bien la reconoce y acepta como legítima. La normativa permite pagar dos sobresueldos generados por el mismo hecho. Según el reglamento, «la compensación por desarraigo no será excluyente de cualquier otro beneficio cuya naturaleza y objeto primordial sea el reconocimiento por el trabajo efectuado por el funcionario profesional fuera de su lugar habitual de residencia o su lugar de contrato de trabajo».
El resultado es a todas luces abusivo porque, según objetó la Contraloría hace 19 años, «por la vía del ‘desarraigo’» el «viático corrido» y el «zonaje se están pagando sumas que se fundamentan en un mismo hecho generador, como es que el funcionario deba trasladarse para realizar sus trabajos a un lugar distinto al de su residencia habitual».
En consecuencia, la Contraloría pidió al MOPT reformar el reglamento para alinearlo con la ley. A estas alturas la orden no ha sido acatada y solo en tres años, entre enero del 2018 y enero del 2021, la administración desembolsó ¢90,5 millones por viático corrido pagado a funcionarios que ya recibían el incentivo de desarraigo, cuyo costo fue de ¢224,4 millones.
La primera pregunta venida a la mente es cómo se permitió la promulgación de un reglamento tan abusivo. ¿Quién decidió ignorar explícitamente la redundancia entre el pago de viáticos y el de desarraigo? El exceso nunca debió existir y es uno de muchos ejemplos del alegre manejo de los recursos públicos que nos tiene sumidos en la crisis fiscal. No obstante, el asombro excede todo límite al constatar la persistencia de la irregularidad dos décadas más tarde.
La auditoría volvió a la carga en octubre del 2018, y recomendó modificar el reglamento para ajustarlo a los hallazgos hechos por la Contraloría 16 años antes. A estas alturas, esa recomendación tampoco se ha cumplido pese a la instancia formulada en julio del 2019 a la Dirección de Asesoría Jurídica.
El 30 de abril recién pasado los auditores insistieron. El informe destacó una tercera causa de asombro: el reglamento utilizado para fundamentar el doble pago entró a regir el 19 de diciembre del 2003, cuando ya la Contraloría había emitido dos criterios vinculantes sobre la materia. El desafío a los órganos de control y la imposición del gremialismo burocrático no podían ser más evidentes. Tampoco los efectos nocivos sobre el erario.
En su más reciente informe, la auditoría advirtió de que mantener los beneficios irregulares «podría constituir causal de responsabilidad administrativa y civil para los funcionarios que hayan omitido acatar los criterios de la Contraloría General de la República en la emisión y modificación del Reglamento».
La advertencia habría sido igualmente pertinente hace 19 años y en cualquier momento desde entonces, pero, a la fecha, nadie ha sido sancionado por el exceso ni por la falta de rectificación. En eso está la clave del olímpico incumplimiento y desdén hacia los llamados a rectificar. Mientras la norma en la Administración Pública sea la reticencia a establecer responsabilidades, no habrá remedio.
