Calidad en la docencia

Costa Rica tiene razones para sospechar de esa calidad. Solo 15 de las 259 carreras universitarias ofrecidas a los estudiantes de educación tienen la aprobación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Con el título debajo del brazo, los graduados tienen idénticas oportunidades de contratación en el Ministerio de Educación Pública. Lo mismo vale un título que otro.

Según Leonardo Garnier, ministro de Educación, “las herramientas de contratación, evaluación y gestión del recurso humano… atentan contra la calidad educativa”. Lo mismo puede decirse de la formación brindada por las escuelas y facultades de educación, lo cual es, en palabras del ministro, “patético”.

Beatriz Ferreto, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), aboga por fortalecer la fiscalización a las universidades privadas, pero se opone a un sistema para acreditar los conocimientos de los docentes porque, según dijo, eso afectaría a los de menos recursos, pues a ellos se les dificulta ingresar a las universidades públicas.

Los alumnos mejor preparados gozan de mejores oportunidades de superar las pruebas de admisión de las universidades estatales y, en muchos casos, esa preparación se logra en colegios privados o en los planteles públicos dedicados a impartir programas especiales. Quienes no superan las pruebas de admisión, a menudo recurren a las universidades privadas y no todas ellas ofrecen una formación de calidad.

Enfrentados con una prueba para acreditar sus conocimientos antes de la contratación, los graduados de los centros de estudio menos comprometidos con la calidad podrían fracasar. Ese es el temor de la dirigente de la Asociación de Profesores. Es comprensible desde el punto de vista del interés gremial, pero no en términos de la calidad de la educación impartida en las escuelas y colegios.

Preferir el empleo de maestros mal formados es pasar la cuenta de los problemas de la educación superior a los estudiantes de escuelas y colegios, con muchas probabilidades de que los más afectados sean, también, los de menor nivel socioeconómico. Implica, además, perpetuar el círculo vicioso de la mala calidad educativa y releva a las universidades de toda preocupación por la solidez de sus programas de estudios.

Los 10.000 docentes graduados por año no deben tener acceso a empleo por el solo hecho de poseer el título. Las clases, sobre todo en escuelas públicas, deben dictarlas quienes saben hacerlo, no quienes portan la vaga promesa de una universidad mediocre impresa en un título. A los mejor formados, no importa su condición social o las ventajas que les permitieron acceso a la mejor preparación, es preciso aprovecharlos en la escuela pública. La primera responsabilidad es con los alumnos de escuelas y colegios, no con sus maestros.

Nada de lo dicho obsta para reconocer la injusticia inherente a la mala formación de las llamadas “universidades de garaje” y coincidir con la dirigente sindical en la urgente necesidad de “cerrarles el negocio”. Una forma de hacerlo es demostrar la falta de aptitud profesional de sus graduados. Es preciso explorar otras, porque, para ese momento, el aspirante a educador ya habrá pagado una carrera cara e inútil.

Ese, sin embargo, no es un buen motivo para impedirle al Ministerio de Educación Pública, como empleador, hacer la mejor selección del personal necesario para mejor cumplir con su misión.