Nuria Marín Raventós. 15 junio

Dos de los datos más preocupantes de la Encuesta Continua de Empleo del primer trimestre del año son: el aumento de la informalidad a niveles históricos y la tendencia de un crecimiento tan acelerado, pues en 12 meses pasó de un 41,1 % a un 46,1 %. Además, cuando empiece a cobrarse el IVA, el fenómeno podría empeorar.

El incremento en la informalidad es una mala noticia para todos. La persona trabajadora pierde por la precariedad de las condiciones laborales en que se desempeña, por no tener garantizada la protección de la seguridad social (salud y pensión) ni tampoco la tutela de la legalidad, como el salario mínimo y los derechos laborales en general.

Pierde también el Estado, y muy especialmente la Caja Costarricense de Seguro Social, por tener menos contribuyentes, lo cual significa una merma en los ingresos para mantener sus servicios, y más personas que en su adultez demandarán fondos de pensiones del Régimen No Contributivo.

Si tenemos preocupación por la sostenibilidad de las pensiones, problema sobre el cual deben tomarse acciones, hay otro muy grave y de él se habla poco: la sostenibilidad económica de la Caja. Según el mismo estudio del INEC, de los 5.034.571 costarricenses, solo 1.482.675 contribuyen al seguro (29 %).

En otras palabras: sobre los hombros de un tercio de la población está el restante 70 %, proporción cuyo agravamiento se verá conforme se produzca el envejecimiento de la gente porque los contribuyentes decrecerán y los dependientes demandarán más servicios y por un tiempo más prolongado.

Las finanzas de la Caja, en esas condiciones, no son sostenibles, de ahí que resulte en una excelente y urgente idea la apertura a esquemas más flexibles para los sectores informales. Como lo demostró el cambio hecho para las servidoras domésticas, el nivel de aseguramiento se duplicó cuando se permitió reportar el trabajo por horas y por patronos múltiples.

La ampliación de la base contributiva y el combate de la morosidad deben ser el norte, y esto será más factible y expedito si se abarata el costo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Igual de relevante será más flexibilidad que promueva la incorporación del millón de mujeres que hoy no están integradas a la población económicamente activa, lo cual las convierte en un bono de género. Pymes y mujeres son la decisión inteligente, pero demandan acciones urgentes.

La autora es politóloga.