La ley de empleo público es una iniciativa estructural clave para avanzar hacia un Estado más eficiente, robusto, estratégico y responsivo a las necesidades de los usuarios
Desde que el 5 de abril del 2019 asistí a una charla de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, sobre el proyecto de ley para reformar el empleo público, llegué a esta conclusión: se trata de una iniciativa estructural clave para avanzar hacia un Estado más eficiente, robusto, estratégico y responsivo a las necesidades de los usuarios. Por esto, la he apoyado desde entonces.
Hoy celebro que, tras un complicado proceso, se haya convertido en ley, gracias a una contundente mayoría legislativa. A la vez, lamento tres grandes falacias inventadas a su alrededor. La primera es que vulnera los derechos laborales, cuando, al contrario, mantiene los adquiridos y establece mejores condiciones para quienes entren. La segunda, que tiene propósitos fiscalistas, cuando su prioridad es el cambio estructural. La reducción de gastos, siempre bienvenida, será un efecto secundario. La tercera, que la impuso el Fondo Monetario Internacional, cuando en abril del 2019 ni siquiera se pensaba en un acuerdo con esa entidad.
Lo esencial de la nueva legislación, y la razón principal por la que debe ser bienvenida, se remite a tres grandes objetivos, que resumí en este mismo espacio el 12 de abril del 2019: 1) contar con un sistema más equitativo y transparente para seleccionar, contratar y remunerar a los empleados públicos; 2) alinear su evaluación con los resultados y objetivos institucionales; y 3) de este modo, mejorar el desempeño del Estado. Otra pieza clave del modelo, gracias a la cual podrán atraerse mejores talentos, son salarios de entrada más altos según atestados, que aumentarían en función del desempeño, no de disparadores automáticos. En síntesis, incentivos para la excelencia.
Además, generará mayor justicia, mediante el alineamiento salarial entre instituciones, y tendrá positivos impactos fiscales. Estos, sin embargo, serán paulatinos, precisamente porque no se tocarán los derechos adquiridos: los grandes beneficios, en todo sentido, serán acumulativos.
Al convertirse en pieza clave del acuerdo con el FMI, el enfoque de la discusión sobre el proyecto se distorsionó y centró en lo fiscal. Ahora que es ley, corresponde reenfocarlo y comenzar a dar los pasos para que sus positivos efectos se conviertan en realidad y podamos contar con un mejor Estado.
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