Pero existe otro ámbito tan o más importante que este. No se refiere a andamiajes o engranajes estatales, sino a quienes los manejan, sea en su dirección, planeamiento u operación: los funcionarios y sus dinámicas. Este ha sido, también, un territorio ajeno a la reforma integral. Hasta ahora. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, presentó el lunes a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de empleo público para emprenderla.
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No es una iniciativa para atacar el déficit fiscal de hoy, aunque a largo plazo generará importantes ahorros y coadyuvará a un mejor manejo presupuestario; tampoco modificará las condiciones de los empleados públicos actuales. Por esto, quienes lo vean con óptica fiscalista quedarán defraudados: mejor buscarla en la ya aprobada reforma fiscal.
El gran objetivo es otro, y lo resumo en tres pasos: 1) crear un sistema más equitativo y transparente de selección, contrataciones, remuneraciones e incentivos para los funcionarios; 2) alinear su evaluación con resultados y objetivos institucionales; y 3) de este modo, mejorar el desempeño del sector público. La pieza clave del modelo son salarios de entrada más altos, para captar mejores talentos, que aumentarían en función de sus aportes, no disparadores automáticos.
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Aunque he leído la propuesta y escuchado explicaciones de la ministra Garrido, no me atrevo a opinar sobre todos sus detalles. Pero algunos, como las oposiciones para acceder a cargos, las pruebas de conocimiento para la actividad docente y la flexibilidad para el trabajo, los considero esenciales y acordes con las realidades del mundo laboral contemporáneo. Si, al fin, logramos que el servicio público sea más que un ámbito seguro para sus empleados y se convierta en una opción estimulante, creativa y volcada a resultados, todos ganaremos. Por esto, el proyecto debe abordarse con seriedad.
eduardoulibarri@gmail.com
El autor es periodista.
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