Atentos para reaccionar ante cualquier cambio que pudiera amenazar el conveniente orden de las cosas, los promotores del escapismo quieren mantener al sector público amarrado a la ineficiencia.
Se trata de funcionarios presentes en todos los ministerios, municipalidades, empresas públicas e instituciones autónomas. Tal parece que su único propósito en la vida es proteger los privilegios y el entrabamiento.
Hace unos días, La Nación reveló que 31 instituciones idearon una estrategia para librarse de la aplicación del salario global, el cual entra a regir este viernes como parte de la ley de empleo público.
El objetivo de la nueva ley es uniformar los sueldos en el Estado, de modo que se eliminen las enormes disparidades salariales que existen entre las dependencias y ahorrar millones de colones.
Sin embargo, los defensores del statu quo saltaron en 29 ayuntamientos, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para tratar de blindar su actual sistema de remuneraciones.
Resulta que en esas dependencias todos los puestos fueron declarados “exclusivos y excluyentes” para evadir la potestad que tiene el Ministerio de Planificación en la fijación de salarios de puestos “comunes”.
Posiblemente, la maniobra empleada por estas 31 entidades desatará un engorroso forcejeo legal y administrativo que consumirá tiempo, dinero y recursos costeados por los contribuyentes.
Es el mismo modus operandi que utilizaron, en el pasado, otras instituciones para intentar escaparse de las regulaciones de la regla fiscal o de los cambios en la forma de cálculo de los pluses salariales.
Su mano peluda también estuvo detrás de los artilugios empleados para brincarse el tope de 12 años impuesto por la Sala Constitucional en el pago de cesantía.
Y cuando los portillos legales y la tramitomanía no funcionan, siempre está el recurso de paralizar servicios sin importar el perjuicio causado al ciudadano común.
Así es como operan los promotores del escapismo. Entrabar, apelar, chantajear y protestar son las herramientas favoritas de estos paladines de entidades con aspiraciones de república independiente.
El gran pecado de estos personajes es que, en su afán por proteger beneficios a ultranza, quieren perpetuar prácticas nocivas que amenazan con poner en jaque el mismo sistema que dicen defender.