Escuchar«El que no vota no come», amenazó, hace unos días, Diosdado Cabello a la ciudadanía. Al número dos del régimen autoritario chavista le preocupa que, en vista de la farsa electoral de este domingo, los venezolanos no acudan a las urnas.
Según Datanálisis, la apatía reina en estos comicios y la participación estaría cercana al 34 %. Pero como bien señala el director de la encuestadora, Luis Vicente León, «el problema es que esta no es una elección auditable (…) y por ello no hay forma de hacer un pronóstico estadístico fiable respecto del número de votos».
Si los últimos procesos electorales en Venezuela estuvieron signados por la falta de condiciones y garantías, estas elecciones parlamentarias, en las cuales se renovará íntegramente la Asamblea Nacional —último bastión de la democracia venezolana—, generan aún mayores cuestionamientos. Además, estos comicios tendrán lugar en circunstancias particularmente adversas, pues a las crisis política, económica y humanitaria por las que atraviesa el país se suman los riesgos de celebrar elecciones en tiempos de pandemia.
Actores diversos de la comunidad internacional, como el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, así como organismos como la OEA y la UE, han expresado sus críticas y reservas sobre la convocatoria de un proceso electoral que no cuenta con las garantías mínimas en materia de integridad.
La oposición, liderada por Juan Guaidó, dividida y debilitada, decidió no participar porque no existen condiciones que garanticen unas elecciones libres y justas.
Un proceso electoral viciado y sin garantías. Con la finalidad de colaborar en una mejor comprensión de las condiciones en las que Venezuela llega a esta elección, IDEA Internacional y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), junto con un calificado grupo de expertos venezolanos, elaboramos un informe que analiza las principales anomalías que afectan estos comicios. Me gustaría subrayar las siguientes ocho:
1. Un árbitro electoral sin independencia. Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron designadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —institución dependiente del chavismo— en violación de lo que establece la Constitución Nacional y son personas afines al oficialismo.
2. Partidos intervenidos. Una de las limitaciones más graves es la judicialización y pérdida de autonomía de numerosas organizaciones políticas. El TSJ, siguiendo instrucciones del oficialismo, sustituyó a los dirigentes de los principales partidos políticos de oposición por otros actores con quienes el gobierno de Maduro tiene acuerdos, lo cual pone en entredicho no solo la seguridad jurídica del proceso electoral, sino los derechos políticos más elementales.
3. Aumento ilegal de los curules. El CNE incrementó ilegalmente el número de curules en un 65 %; de 167 pasó a 277; una reforma diseñada para aumentar exponencialmente la cantidad de candidatos (14.400 para solo 277 asientos) y favorecer a los aspirantes oficialistas.
4. Registro de electores poco confiable. El registro de votantes no fue debidamente actualizado ni auditado; además, excluyó a un número significativo de electores, tanto dentro como fuera de Venezuela, debido a las limitaciones impuestas por el CNE.
5. El secreto del voto en duda. El gobierno promueve la desconfianza en el secreto del voto para infundir el temor en la ciudadanía de que el chavismo sabe cómo vota cada ciudadano. Ello, acompañado con amenazas de represalias contra aquellos votantes que tienen una relación de dependencia económica, directa o indirecta, con el Estado, por empleos, contratos o programas sociales.
6. Ventajismo oficialista. Este proceso, al igual que los anteriores, carece de condiciones equitativas de la competencia electoral. El chavismo corre con marcada ventaja debido al uso abusivo de los recursos del Estado. Lo mismo ocurre en relación con el acceso a los medios de comunicación, tanto públicos como privados.
El informe de IDEA Internacional-UCAB identifica una serie de acciones que atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión y una cobertura mediática en condiciones de equidad, que incluye el cierre de medios de comunicación, el retiro de concesiones del espectro radioeléctrico, la persecución legal, policial y parapolicial de periodistas, sus equipos de trabajo y dueños de medios, así como la compra de medios de comunicación a través de aliados y favores económicos mediante la contratación de pautas publicitarias.
7. Incertidumbre sobre el nuevo sistema de voto automatizado. El citado informe también hace un llamado de atención acerca de las dudas que existen en relación con el nuevo mecanismo de automatización del voto, cuyos equipos fueron recientemente contratados de manera secreta a una nueva empresa (ExCle) que es la proveedora del hardware y del software; equipos y sistemas que no han sido debidamente auditados para este proceso.
La anterior empresa, Smartmatic, con cuyos sistemas y equipos se llevaron a cabo la elecciones desde el 2003 hasta el 2017, rompió relaciones con el anterior CNE y denunció graves irregularidades. Sus equipos, curiosamente, fueron destruidos en un 98,5 % en un incendio ocurrido en marzo.
8. Ausencia de observación electoral. Debido a la falta de garantías, ninguna de las instituciones con credibilidad y prestigio en materia de observación electoral estará presente en estos comicios (ONU, UE, OEA, etc.).
Farsa electoral. La suma de estas ocho anomalías —y de otras varias que analiza el citado informe, cuya lectura recomiendo (www.idea.int)— afectan la integridad y credibilidad de este proceso electoral, y las convierten en una elección incapaz de producir legitimidad de origen democrático.
A consecuencia de todo ello el grueso de la comunidad internacional y regional anunció que no reconocerá la legitimidad de estas elecciones parlamentarias.
Esta farsa electoral, lejos de contribuir a encontrar una salida pacífica y democrática, agudizará aún más la grave crisis que afecta al país desde hace mucho tiempo.
El chavismo buscará controlar, de manera ilegítima, la nueva Asamblea Nacional y, con esta jugada, profundizar la división y el debilitamiento de la oposición. Esta, por su parte, esgrimirá la tesis de la continuidad administrativa en vista de la invalidez de la elección. Mientras tanto, Venezuela seguirá atrapada en su laberinto.
El autor es director regional de IDEA Internacional.
