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Página quince: En pandemia, la democracia latinoamericana se deteriora, pero mantiene su resiliencia

Las principales amenazas de cara al año próximo son la incapacidad de los Estados de dar respuesta oportuna y eficaz a las crecientes demandas ciudadanas

A punto de concluir el año, un balance de las consecuencias producidas por la covid-19 en América Latina arroja un saldo preocupante en múltiples frentes. El coronavirus golpeó con fuerza a nuestra región que, de previo a su llegada, ya presentaba debilidades estructurales y un panorama turbulento caracterizado por un crecimiento anémico, sociedades irritadas y democracias bajo asedio.

Durante los últimos nueve meses, la pandemia no solo ha segado la vida de cientos de miles de personas —convirtiendo a Latinoamérica en uno de los principales epicentros—, sino también ha impactado negativamente en términos económicos, sociales y políticos. Empero, debido a la heterogeneidad que la caracteriza, no todos los países se vieron igualmente perjudicados.

Deterioro democrático. En 2020, más de la mitad de las democracias de la región sufrieron un deterioro de su calidad y un retroceso en materia de derechos humanos, mientras Cuba, Venezuela y Nicaragua profundizaron su autoritarismo. Este es uno de los principales hallazgos del informe: América Latina del Global State of Democracy (GSoD) In Focus, que publicamos en IDEA Internacional, el pasado 17 de diciembre.

Una segunda tendencia preocupante ha sido el uso generalizado de los estados de excepción. Doce gobiernos democráticos implementaron medidas de emergencia ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias; medidas que provocaron restricciones en el ámbito de los derechos fundamentales, especialmente severas limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión.

Este empleo abusivo de los estados de excepción produjo un debilitamiento de la división de poderes. Mientras los ejecutivos reforzaron sus competencias, los legislativos vieron interrumpidos sus procesos de deliberaciones y fiscalizaciones, recuperados solo parcialmente cuando entraron en modalidades de sesiones telemáticas. El Estado de derecho y los mecanismos de control sufrieron igualmente un deterioro facilitando nuevos escándalos de corrupción. La tensión y choque entre poderes estuvo presente en varios países.

El coronavirus ocasionó así mismo, una fuerte disrupción en la agenda electoral. Prácticamente todos los comicios que estaban calendarizados en el segundo trimestre fueron pospuestos —por atendibles razones sanitarias— al segundo semestre o para el 2021.

Tendencias positivas. Pero no todo fue negativo en este aciago panorama regional. La crisis también vino acompañada de tendencias políticas positivas.

La resiliencia institucional y ciudadana en defensa de la democracia, la división de poderes y la libertad de expresión se mantuvo firme.

La aceleración de la digitalización posibilitó procesos de innovación democrática, tanto en la facilitación de muchos trámites burocráticos como en la modernización de procesos para la toma de decisiones con mayor transparencia y eficiencia.

La posibilidad de reescribir los contratos sociales e, incluso, renovar las constituciones políticas.

La celebración de elecciones en contextos de pandemia con niveles adecuados de integridad y de participación electoral. En la mayoría de los casos, estos procesos tuvieron efectos positivos. En República Dominicana facilitaron la alternancia después de 16 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.

En Bolivia, posibilitaron retomar el cauce democrático después de la grave crisis política de fines del año pasado. Y en Chile, el referéndum abrió paso a un proceso constituyente que permitió canalizar institucionalmente el estallido social de octubre de 2019.

La única excepción fueron las ilegítimas elecciones parlamentarias venezolanas del 6 de diciembre, las cuales se llevaron a cabo sin garantías y sin los mínimos estándares de integridad electoral.

La crisis como oportunidad. Si es bien aprovechada, esta crisis puede convertirse en una oportunidad para repensar y modernizar nuestras democracias. Para ello, cada país tendrá que internalizar las lecciones de la covid-19 asumiendo su singularidad y similitudes, poniendo en marcha un proceso de innovación político institucional dirigido a mejorar la calidad de la democracia, potenciar su resiliencia, relegitimar sus instituciones, fortalecer el Estado de derecho y garantizar una gobernanza eficaz y democrática.

América Latina ha iniciado una nueva década enfrentando una combinación compleja de viejos y nuevos desafíos. Además, de previo a la llegada de la pandemia, la región ya se mostraba rezagada en la adaptación a las transformaciones estructurales en curso, como la cuarta revolución industrial, el cambio climático y la reconfiguración de la globalización producto, entre otras cosas, de las crecientes tensiones geopolíticas entre los Estados Unidos y China.

Pero para hacer frente a estos múltiples retos no hay atajos. Existe un sentido de urgencia para impulsar una agenda de reformas basada en tres prioridades: un nuevo modelo de desarrollo; un crecimiento equitativo, responsable, sostenible e inclusivo; y una democracia de nueva generación.

Con seguridad, surgirán distintas propuestas sobre cómo lograr estos objetivos de la mejor manera. De ahí la importancia de poner en marcha espacios y mecanismos de diálogo político-económico-social que permitan concretar consensos amplios y viables.

Complejo y desafiante. 2021 será otro año complejo y desafiante para la democracia latinoamericana. Según el reciente informe de riesgo político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, cuatro de las principales amenazas de cara al año próximo son la incapacidad de los Estados de dar respuesta oportuna y eficaz a las crecientes demandas ciudadanas; una nueva ola de protestas sociales violentas; un incremento de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado; y un mayor apoyo a líderes populistas y autoritarios.

En una América Latina marcada por el malestar social, la pobreza, la desigualdad, el desempleo en aumento, la debilidad institucional y la desconfianza ciudadana con la política y las élites; el inicio de un nuevo súper ciclo electoral coloca a la región en una coyuntura estratégica: elegir líderes competentes y responsables que den respuestas oportunas, efectivas y democráticas a las demandas ciudadanas o abrir las puertas para una nueva ola de retórica y propuestas populistas o autoritarias.

@zovatto55

El autor es director regional de IDEA Internacional.