Jorge Woodbridge. 30 julio

El Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) es insostenible desde hace varios años debido a cambios demográficos, el incremento en el número de beneficiarios, la robotización y las nuevas modalidades de trabajo.

La crisis del IVM se agravó con la emergencia de la pandemia, pues en tan solo cuatro meses le arrebató 100.718 cotizantes.

El IVM, un régimen solidario, equitativo, contributivo y obligatorio, está seriamente afectado por la caída del crecimiento de la población, el envejecimiento y una base disminuida de cotizantes.

El bono demográfico prácticamente se perdió. La población con más de 55 años pasó de un 11,2 % en el 2000 al 22,5 % en el 2019. En el 2000 la relación de gasto en pensiones era un 1,61 % del producto interno bruto (PIB) y en el 2019, un 3,1 %.

La reserva del IVM en el 2019 ascendía a ¢2,3 billones, con una fuerza de cotizantes de 1,3 millones, equivalentes al 42 % de la población en edad de trabajar. En el 2019, recibían pensión 273.000 personas. Esto da una relación de 4,9 trabajadores apoyando a los pensionados, lo cual contrasta con los 6,6 en el 2012.

En casi 20 años la vejez se multiplicó por cuatro y los beneficiarios se duplicaron. En el 2019 las jubilaciones nuevas por vejez representaron el 66 % del total otorgado y en el 2000 eran tan solo el 30 %.

Sostenibilidad. En el 2019, los ingresos corrientes por cuotas y transferencias del sector público y privado ascendió a ¢1 billón y los gastos corrientes a ¢1,1 billones; un déficit de ¢112.000 millones.

Se calcula que el déficit actual (horizonte de 75 años) es tres veces el PIB, debido al pago del doble, en promedio, de lo que tendría derecho cada asegurado al retirarse.

Aunque hubo aumentos en la edad de retiro y las cuotas necesarias para optar por la pensión, no ha sido posible equilibrar el IVM porque la masa salarial disminuye y el número de jubilados aumenta.

De acuerdo con cálculos actuariales, las reservas del IVM alcanzan para 2,4 años si la situación económica sigue deteriorándose.

El desempleo llegó al 20,1 % y es posible un acrecentamiento en los próximos dos meses si el país no consigue aplanar la curva de contagios.

Al sumar el subempleo, el total de personas desocupadas podría superar 800.000. Los trabajadores por cuenta propia se redujeron en 54.000 y su salario promedio mensual cayó de ¢488.000 a ¢132.000.

Lo contrario sucede en el sector público, pues a la planilla estatal se agregaron 1.300 nuevos funcionarios en este semestre, con salarios promedio de ¢1.115.000, prácticamente el doble del sueldo en las empresas privadas.

Los programas sociales cargados a la planilla también resultaron afectados por la pandemia y pierden millones mensuales producto de la caída de un 7,3 % de cotizantes y un 11 % menos en el salario promedio.

La crisis refleja la vulnerabilidad de los programas sociales y del IVM, por lo cual son urgentes reformas estructurales profundas.

En el caso de las pensiones, el gobierno está obligado a aportar recursos, de acuerdo con el artículo 177 de la Constitución Política.

Reforma. Los cambios propuestos por la superintendenta de pensiones, Rocío Aguilar, no van en la dirección correcta. Aguilar propuso redirigir, a partir del 2022, la actual contribución patronal del 7,25 % a las instituciones sociales hacia el IVM y cambiar los beneficios jubilatorios.

El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) dejaría de recibir el 5 % de las planillas; el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el 1,50 %; y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 0,50 %. Dichos programas pasarían a financiarse con recursos del presupuesto nacional.

El plan de de Aguilar no resuelve el problema de los empresarios, quienes asumen costos de planilla muy altos. Ese 7,25 %, más el aporte al Banco Popular, debe eliminarse totalmente y los subsidios otorgados por dichas instituciones ser financiados con impuestos.

Salvar el IVM es una necesidad nacional, pero toda propuesta debe tener en sus objetivos universalizar el régimen con el fin de darle más cobertura. Son muchas las personas en la informalidad, sin posibilidad de obtener un monto mensual cuando ya no tengan capacidad para laborar.

Esa es la razón por la cual la CCSS debe plantear diferentes formas de aseguramiento. La pandemia dejará debilitado el sistema y será la flexibilidad la única opción de darle nuevo aire al IVM.

Asimismo es urgente, por el bien de las finanzas públicas y la equidad, tener un solo sistema de pensiones y no catorce.

El país gasta un 22 % del presupuesto en pago de jubilaciones, lo cual equivale a un 4 % del PIB.

Los regímenes de reparto no son sostenibles y han faltado decisiones políticas fuertes para acabar con las pensiones de lujo, que jamás serán viables porque nadie cotiza lo suficiente para recibir ¢16 millones mensuales.

El autor es ingeniero.