El marchamo digital, que de manera apresurada imponen el gobierno de Rodrigo Chaves y el Instituto Nacional de Seguros (INS), es un lobo con piel de oveja, porque en manos malvadas puede constituirse en una herramienta que se prestaría para invadir la vida privada de los propietarios de vehículos, con el fin de controlar las rutas que sigue cada automóvil y los sitios que frecuenta el conductor.
El solo riesgo de que la tecnología se preste para vulnerar la intimidad ciudadana requiere que la decisión sea consensuada con la Asamblea Legislativa, incluso consultada con la Sala Constitucional, pues lo grave es que se va a emplear sin existir un reglamento para fijar usos y sanciones contra cualquier abuso a la privacidad de un ciudadano.
No está claro, además, para qué se quiere implementar por decreto ejecutivo, a la carrera, la colocación del chip en los parabrisas de 1,8 millones de vehículos, a cuyos propietarios se les cargarán más de ¢4.000 millones que recibirá el contratista.
La tecnología RFID (siglas en inglés de identificación por radiofrecuencia) tiene conveniencias. La calcomanía con el chip (similar a las que usan condominios y empresas para activar portones automáticos) duraría años; no habría que cambiarla cada año, como ahora. Se podría usar, también, para sancionar a infractores de la ley de tránsito, controlar cuáles vehículos entran a sitios como el congestionado centro de San José (plan del MOPT) o incluso para ayudar a policías a localizar autos robados, delincuentes o personas desaparecidas.
El problema es si la tecnología se utiliza para rastrear la vida de los ciudadanos sin que estos sean advertidos de que sus movimientos están siendo monitoreados mediante lectores de RFID en las vías públicas. Es el gran peligro del chip, el cual opera en regímenes autoritarios para todo lo bueno, pero también para seguir a adversarios políticos.
Por esa razón, un sistema tan peligroso para la intimidad no puede imponerse sin reglas, límites o sanciones de ley para quienes se vean tentados a darle un mal uso. Al INS debe quedarle claro que una decisión tan trascendental para la privacidad de las personas no puede hacerse a la ligera ni de forma unilateral.
Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, una maestría en Periodismo.
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