INS prevé entregar marchamo digital en 2024

La aseguradora estatal afirmó que las tarifas están en proceso de determinación. Sin embargo, no precisó si solicitó a la Superintendencia General de Seguros (Sugese), trasladar el costo de la nueva etiqueta a la prima del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) del próximo año.

Sugese informó de que tampoco puede referirse al tema porque aún está en trámite el proceso para determinar la tarifa de la póliza. Aunque ambas entidades sí confirmaron, por separado, que el valor del adhesivo debe incluirse en la prima del seguro obligatorio.

“El costo de las etiquetas siempre ha estado incluido en la tarifa del SOA y así se mantendrá”, aseguró el Instituto. Por su parte, la Superintendencia explicó que la normativa de la póliza obligatoria dicta que el precio de las etiquetas del marchamo se carga en el seguro.

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“Las primas a cobrar deben considerar, al igual que en otros seguros, el riesgo a cubrir, los gastos administrativos y de comercialización y la utilidad que va a tener la aseguradora”, precisó la entidad fiscalizadora.

Según un estudio de mercado hecho por el INS, la confección de las etiquetas del marchamo digital le costarían al Instituto entre $2,75 (¢1.479, al tipo de cambio de referencia de venta de ¢534,39) y $12 (¢6.412), sin incluir el impuesto sobre el valor agregado (IVA).

La previsión inicial de la empresa estatal fue de un costo de ¢2.000 para los propietarios de vehículos.

El marchamo digital utilizará el mecanismo de Etiquetas con Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), que permite identificar objetos, en este caso vehículos, por medio de ondas de radio que brindan la posibilidad de captar cientos de objetos a la vez.

A finales de setiembre pasado, la compañía estatal informó de que las etiquetas del marchamo digital se entregarán a partir del próximo año.

El anuncio lo hizo después del inició del concurso para elegir al proveedor de las calcomanías. Según el INS, tal proceso no implicaría atrasos en la puesta al cobro del derecho de circulación, que se iniciará el 1. ° de noviembre.

En total, nueve consorcios empresariales compiten para obtener el contrato por ¢4.800 millones.

Entre las compañías interesadas en participar en el proceso hay firmas ticas que se aliaron con empresas de Alemania, Argentina, Estados Unidos, España y México, según consta en los documentos presentados en el Sistema integrado de Compras Públicas (Sicop).

La aseguradora estatal comenzó el proceso de contratación después de que, en julio pasado, la Contraloría General de la República (CGR) le ordenó realizar una serie de modificaciones al cartel de la licitación para poder continuar con el proceso.