Una polémica en torno a la creación de la megacárcel en El Salvador para recluir a los mareros sostienen los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y el de Colombia, Gustavo Petro. Este último califica el centro penitenciario de campo de concentración, y contrasta esta medida de fuerza con políticas preventivas como la apertura de colegios y universidades llevadas a cabo en Bogotá.
Pienso que las acciones no son excluyentes y que deben complementarse. Quien haya leído el libro Ñamérica, de Martín Caparrós, donde se describe el terror espeluznante con que se imponen las maras a la gente de a pie, a quienes les exigen pagos bajo amenaza de muerte a cambio de “dejarlos” producir y vivir en paz, concordará con que en un Estado no pueden existir dos poderes o, lo que es peor, uno solo fundido por la corrupción.
En condiciones de chantaje y terror, el interés público debe imponer los preceptos constitucionales. Si no está en condiciones de hacerlo, es un Estado fallido, como lo son los del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Esto no quiere decir que la fuerza va a resolver el problema de la violencia, ya que sus orígenes están en la falta de oportunidades, que originan la exclusión de los jóvenes y terminan incubando la violencia.
