EscucharHan pasado 10 años. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Médicos, los directores de centros hospitalarios y el resto del personal de salud involucrado han oído de pacientes y organizaciones los problemas sobre la forma como se maneja el trasplante de órganos.
Lo que en estos días ha publicado La Nación, valiosísimos reportajes de la periodista Ángela Ávalos en las ediciones del 2 y 11 de noviembre, entre otras, son muestra fehaciente de cómo han muerto decenas de pacientes presas de una institucionalidad fracasada.
En este drama de trasplantes, hay gente empeñada en no querer ver la verdad porque le da miedo, porque no le gusta o porque mejor cree sus propias mentiras.
Es inconcebible que el gerente médico de la CCSS quede en evidencia al reconocer que no sabe del informe de la auditoría de agosto del 2019, donde se revelan datos duros de lo que acontece.
Su desconocimiento lleva a cuestionar cómo, si no sabe del informe, va a la Junta Directiva a pedir la aprobación de un “plan estratégico”.
Si el médico no lee el diagnóstico —uno que por cierto aporta datos sumamente preocupantes—, cabe preguntarse si hay moral profesional para solicitar el plan estratégico.
Maraña. Son años de reuniones, recursos de amparo declarados con lugar, contenciosos, denuncias, reportajes de la prensa de investigación precisos y contundentes.
Años, por tanto, de estar en una maraña administrativa que, básicamente, aniquiló cantidades de órganos procurados, de operaciones y de pacientes que no lograron recuperar su felicidad.
En cuanto a los trasplantes de hígado infantiles, se desmanteló el exitoso programa; el centro para adultos, ubicado en el Hospital México fue borrado del mapa y pacientes con urgencia de un trasplante de riñón han formulado denuncias por una mortalidad en crecimiento o listas de espera cuyo orden de prioridad no se respeta.
Lo anterior sin olvidar lo acaecido años atrás, cuando se demostró el tráfico de órganos en el hospital Calderón Guardia y toda la estela de corrupción igualmente denunciada.
El Ministerio Público debe, con urgencia, tramitar las denuncias presentadas y, sin duda, llegar al fondo de todo.
Diálogo. Auditorías de la CCSS y del Ministerio de Salud, así como la Fiscalía General, están obligadas a investigar y emprender causas administrativas y penales si se demuestran delitos.
La realidad es la existencia de una parálisis que lleva años afectando a los pacientes, un perjuicio que debe parar, y la receta no pasa de leer diagnósticos. Se debe actuar con seriedad y con carácter de urgencia.
Mal hace la CCSS en cuestionar la orden sanitaria emitida, igual el Ministro si termina cediendo. Mal ha hecho la Defensoría en saber todo lo que pasa y no estar todos los días exigiendo responsabilidad, no solo cuando La Nación publica reportajes.
Los funcionarios están llamados a actuar con probidad y técnica, no con celos absurdos. A ese diálogo es vital llamar a los jefes de servicios, a los directores médicos, a los médicos de trasplantes y a los líderes de pacientes, quienes, en estos días, no han hecho más que recordar que todo este desenlace era previsible.
Este último actor es clave porque, casualmente, el fracaso se gestó cuando el centro vital se dejó de lado, es decir, el ser humano.
Sala Constitucional. La Sala no se libra de lo que sucede. Los magistrados pueden dar fe de, por lo menos, una decena de niños que clamaron por un trasplante. En el voto 2015-016279, la Sala exigió un plan remedial para solucionar la grave crisis en que se colocó al otrora exitoso programa de trasplante de hígado. El estado, a la fecha, es deplorable. La Sala se equivocó cuando ordenó archivar el expediente.
El reciente nombramiento de José Pablo Garbanzo Corrales para la coordinación institucional da una esperanza. Solo espero que la odiosa burocracia no le haga olvidar que el paciente y su dignidad están por encima de la institución, y, por eso, lo que esté mal, debe denunciarlo con fuerza.
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El autor es consultor.
