EscucharLa decisión de la Contraloría General de la República de frenar la Red Educativa del Bicentenario es una pésima noticia, pues implica prolongar lo que el VIII Informe estado de la educación denominó como “la nueva forma de exclusión educativa”.
La pandemia agudizó las brechas tecnológicas y sociales y alargó la distancia entre la educación pública y privada. Ejemplo de lo anterior son los números de ingreso del Instituto Tecnológico, según los cuales del total de los estudiantes admitidos solo un 33 % proviene de colegios públicos.
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La Unicef, en su informe anual, señala que uno de los cuatro desafíos en materia de niñez es lograr una educación de buena calidad e inclusiva desde la primera infancia, situación muy lejana, pues tan solo un 60 % de nuestros alumnos cuentan con acceso a plataformas educativas, y un 40 % lo hace por WhatsApp, sin conexión o en papel.
Lo señalado por la Contraloría y el Ministerio de Educación es desolador. La primera frena el proyecto al considerar que el MEP, al contratar a la Fundación Omar Dengo, prácticamente procedió con un “vaciamiento de sus competencias”. Ante esto, el MEP respondió que no tiene la capacidad técnica para llevar a cabo el plan.
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Nos encontramos frente a escenarios terribles por sus implicaciones en las poblaciones de niños y jóvenes en mayor vulnerabilidad. Que el MEP no actúe escudado en el retorno a clases presenciales y olvide que la tecnología debe ser parte de la nueva alfabetización, que asuma el proyecto con un equipo que reconoce no tener las capacidades técnicas, simplemente es el principio de otro fracaso.
A lo anterior se suma que se replantee una nueva contratación (licitación) en términos que se ajuste a lo aceptable por la Contraloría, lo que tomaría meses o incluso años debido a los lentos procesos de contratación. Ninguna es aceptable.
Uno de los pilares de la abolición del ejército fue invertir esos recursos en educación, decisión que fue clave en la creación de una Costa Rica más inclusiva y de oportunidades, por lo que, en vista del estado de situación de la educación tan apremiante, sugiero una declaratoria de emergencia nacional, como lo hacemos cuando ocurre un fenómeno natural. No hacerlo condena a miles a la pobreza y crea un país más desigual.
La autora es politóloga.
