A estas alturas, un par de horas de audio caben en cualquier bolsillo y queda espacio para mucho más. Lo acaba de demostrar el Banco de Costa Rica (BCR), cuya Junta Directiva decidió, en medio de los escándalos de los últimos meses, destruir la grabación de sus sesiones. Tan poco espacio ocupan esos registros que muchos aparecieron, olvidados, en un servidor. El Banco ni siquiera se dio cuenta de su supervivencia. Permanecieron, discretos y casi imperceptibles, en un rinconcito informático, desde donde revelarán sus secretos.
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Nadie ha dado una explicación de la conveniencia de destruir las grabaciones. En su momento, el Banco alegó que la ley lo permite. Eso no lo hace conveniente. También argumentó el valor concedido por ley a las actas y el carácter de mera referencia de las grabaciones. Aceptada esa premisa, ninguna concatenación lógica lleva a la necesidad de destruir un registro histórico, auxiliar o de mera referencia, como se le quiera calificar, pero indiscutiblemente útil cuando se alega adulteración o falta de fidelidad a la voluntad expresada de viva voz por los directivos.
Abundan los motivos para conservar las grabaciones. Los archivos de antaño imponían límites, pero hoy la biblioteca de Alejandría cabe en una gaveta. A falta de limitaciones de espacio, la preservación de los registros solo ofrece ventajas. Si hubiera alguna duda, basta examinar la reacción del Ministerio Público y de la actual Directiva del Banco ante el hallazgo de las grabaciones supuestamente destruidas.
La Fiscalía está interesada en las grabaciones y los directores se las enviaron apenas supieron de su existencia, precisamente porque no dudan de su importancia para la investigación de los créditos concedidos por el Banco. Tanto interés y utilidad confirman la necesidad de preservar la grabación de las sesiones del BCR, los demás bancos del Estado y, en general, de las instituciones públicas. Si la ley permite borrar el registro histórico (y el rastro), el sentido común y la práctica, cuando menos en el caso de marras, exigen lo contrario. La ley debe ser reformada.
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La decisión de destruir los archivos fue adoptada por una Junta Directiva cuya presidenta, Mónica Segnini, expresó pesar por el conocimiento público de lo sucedido en el BCR. A esa Directiva querían confiarle, el partido Liberación Nacional y la diputada Sandra Piszk, la investigación interna. ¿Qué habría sucedido con las grabaciones recién encontradas si la valoración de su importancia hubiera dependido de quienes ordenaron destruirlas?
agonzalez@nacion.com
Armando González es director de La Nación.
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