“Los malos casos hacen buena ley”, dicen los defensores de la libertad de expresión en Estados Unidos. En el sistema de precedentes jurisprudenciales, el significado de la frase es claro. Cuando fallan un caso, los jueces establecen criterios aplicables en el futuro y en las Cortes inferiores. Si la Corte Suprema establece la necesidad de probar dolo para acreditar la responsabilidad de un informador acusado de difamación, esa será la ley y los jueces deberán aplicarla, como sucede desde 1964 cuando el caso New York Times Co. vs. Sullivan estableció la doctrina de la real malicia.
Los casos extremos y hasta odiosos ayudan a establecer los mejores precedentes porque una sentencia, una ley y una sociedad tolerantes de expresiones repudiables protegerán, con mayor razón y amplitud, las manifestaciones indispensables para mantener la democracia y los derechos individuales.
En Brandenberg vs. Ohio (1969) la Corte Suprema anuló la condena contra un miembro del Ku Klux Klan, descollante entre las organizaciones detestables, y estableció la imposibilidad de suprimir manifestaciones si no son aptas para producir “inminente acción ilícita”. Caso contrario, la protección de la libre expresión se extiende hasta el lenguaje apologético de la violencia.
En R. vs. Zündel (1992), la Corte Suprema de Canadá eliminó un artículo del Código Penal que prohibía la publicación de noticias e informaciones falsas. La norma, dijeron los magistrados, violaba la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Ernst Zündel, un inmigrante alemán establecido en Toronto desde 1958, fundó la editorial Samizdat Books para difundir obras cuyos autores niegan el Holocausto cometido durante la Segunda Guerra Mundial.
El crimen es uno de los más monstruosos de todos los tiempos y negarlo es, también, una monstruosidad, pero los magistrados canadienses, probablemente con la nariz tapada por el hedor neonazi, se inclinaron por proteger la libertad de expresión. Si la garantía del derecho se extiende a expresiones tan deleznables, el ejercicio más valioso y útil del debate público está a buen resguardo.
El razonamiento es pertinente ahora que nuestra Asamblea Legislativa examina un proyecto de ley contra los crímenes de odio. El articulado contiene normas represivas de la libre expresión. Todos somos responsables de salir al paso de las incitaciones al odio, pero prohibirlas es emprender un camino riesgoso, especialmente para las minorías y los disidentes.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.