Juan Carlos Hidalgo. 7 octubre, 2018

Finalmente se aprobó en primer debate la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El futuro del texto pende ahora de lo que determine la Sala IV en la consulta de constitucionalidad, fase en la cual han fenecido dos proyectos similares en tiempos recientes. Partiendo de que los magistrados no encuentren vicios de procedimiento que se traigan abajo el trámite, habrá paquete fiscal para finales de noviembre. La interrogante es qué sigue después.

A pesar de toda la controversia que ha generado, debemos tener claro que el expediente 20.580 es un parche que no resuelve la crítica situación de las finanzas estatales. Tras múltiples manoseos y el cabildeo de grupos de presión que lograron exenciones y tratos favorables, la expectativa de recaudación tributaria del proyecto es de un 1,3 % del PIB. Para poner esa cifra en contexto, el déficit proyectado del Gobierno Central para este año es del 7,2 % del PIB. Peor aún, hay buenas razones para prever que el cálculo del aumento de la recaudación se quedará corto, pues no contempla el impacto negativo que tendrán los nuevos impuestos sobre la actividad económica.

Según el Ejecutivo, el proyecto también generaría un ahorro adicional del 1 % del PIB gracias al relajamiento de las leyes de destinos específicos y a la regla fiscal. Eso también suena optimista. Pero aun si tomamos como ciertos estos números, queda por delante un proceso de consolidación fiscal dos veces más significativo que el que implica el expediente 20.580 –siempre y cuando la aspiración sea alcanzar un déficit cero–.

La administración Alvarado ha indicado que, tras la aprobación del paquete fiscal, podrá acceder a créditos externos con el fin de refinanciar deuda en condiciones más favorables, lo cual reduciría las tasas de interés que actualmente paga. Eso, en principio, sería positivo. Pero también puede ser una trampa. El riesgo es que el alivio de la presión fiscal que implica este endeudamiento externo relaje también la voluntad del gobierno para impulsar las reformas que ha prometido en materia de empleo público y rediseño institucional. Pero este bálsamo sería temporal si el gasto continúa su trayectoria de crecimiento.

Si este último escenario se confirma, no nos extrañemos si en dos años el Ejecutivo regresa solicitando un aumento de 2 o 3 puntos de IVA. Estamos advertidos.