Columnistas

¿Cómo llegamos a la crisis actual?

Todos, especialmente los sindicatos, deben apoyar al gobierno en la tarea de resolver el déficit fiscal. Solo así demostraremos que aprendimos de la historia.

El gobierno de José Joaquín Trejos Fernández (1966-1970) se caracterizó por un manejo prudente de las finanzas públicas y generó un alto crecimiento económico, mayor inversión, aumento de salarios reales, baja inflación y empleos. Creó el Banco Popular e impulsó el desarrollo comunal.

José Figueres Ferrer (1970-1974) debió enfrentar aumentos en los precios del petróleo, la quiebra del sistema financiero internacional y el deterioro de los términos de intercambio. Debido a los problemas en la balanza de pagos, el gobierno debió recurrir a mayor deuda pública. Por el lado del gasto social se universalizó el Seguro Social y se crearon el IMAS, la Universidad Nacional (UNA) y la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa).

Con Daniel Oduber (1974-1978) se expande el Estado empresario con la mayoría de las empresas de Codesa, cuyo costo final por pérdidas fueron $270 millones (7 % del PIB). En 1977, aumentaron los precios del café a $240 el quintal. En este gobierno se creó la UNED, el Sinart, Asignaciones Familiares, Conape y el Instituto Tecnológico de Costa Rica; además, se construyeron importantes obras de infraestructura. Pero crece el gasto público, lo cual produce un déficit público. Es fundamental destacar que entre 1971 y 1977 se crearon 44 nuevas instituciones, las cuales comprometían las finanzas publicas.

Rodrigo Carazo (1978-1982), en lugar de poner orden a la Hacienda pública continuó la expansión del gasto y el aumento de la deuda externa.

Para peores, cayó el precio del café a $160 el quintal y aumentó el petróleo a $100 el barril en 1981. A pesar de lo complejo de las finanzas públicas y de las advertencias de las calificadoras de crédito, Carazo optó por romper con los mandatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, lo cual aceleró una crisis fiscal de gran envergadura, agravada por la caída de la demanda del Mercado Común Centroamericano.

La crisis generó en 1982 una disminución del 10 % del PIB, la devaluación de un 97 %, inflación de un 105 %, déficit fiscal de un 14 % del PIB, desempleo del 24 %, aumento de la pobreza de un 50 % y la exclusión de un 30 % de la población estudiantil, con graves secuelas sociales.

Es tras la elección de Luis Alberto Monge (1982-1986) cuando se cuestionó el modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, se ejecutan los programas de ajuste estructural y un nuevo modelo de desarrollo basado en las exportaciones. Paralelamente, se redujo el gasto público y se incentivaron las exportaciones y la inversión.

El control del gasto afectó diversos servicios públicos, pero estabilizó la economía, dio confianza al sector privado y consiguió un apoyo de más de $1.200 millones de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID, por sus siglas en inglés). Luis Alberto Monge vendió todas las empresas de Codesa y acabó con el Estado empresario, impulsó la producción agrícola, creó los Ebáis y volvió a poner a crecer con esperanza a Costa Rica.

Cambio de modelo. Gracias al cambio de modelo en 1986, Costa Rica exporta hoy más de $11.000 millones en productos a 150 destinos, por 2.400 empresas y más de 4.400 productos. Ventas que se concentran en Estados Unidos (44 %), Centroamérica (22 %), Europa (21 %) y otros destinos. Son exportaciones entre las cuales la agricultura tiene la mayor relevancia.

El crecimiento de los servicios alcanzan la suma de $9.000 millones al año y la inversión extranjera creció a más de $3.000 millones al año. Estas cifras contrastan con nuestro modelo anterior de sustitución de exportaciones.

Las exportaciones actuales suman $18.000 millones al año en bienes y servicios, con 13 tratados que cubren el 80 % del comercio internacional del país y tenemos acuerdos con la OMC y la Integración Centroamericana. Los países con los cuales tenemos acuerdos arancelarios corresponden al 77 % del PIB mundial. El ingreso a la Alianza del Pacífico está pendiente y esperamos que el actual gobierno se incorpore inteligentemente.

Situación fiscal. Es preocupante que, a pesar de las lecciones del pasado, no hayamos aprendido nada. Por ejemplo, entre 1994 y el 2002 fueron creadas 90 instituciones, equivalentes al 32 % del tamaño total del Estado.

En el anterior gobierno de Luis Guillermo Solís en lugar de buscar equilibrar las finanzas públicas afectadas por los déficits fiscales recurrentes, se hizo todo lo contrario: aumentó las remuneraciones del Gobierno Central en más de ¢437.000 millones (1,24 % del PIB) en cuatro años.

El actual proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas difícilmente logrará ¢600.000 millones de recaudación, lo que nos obliga a reducir los gastos dramáticamente, de otra forma no acabaremos con el déficit primario.

Con gran optimismo vemos la posición responsable del nuevo gobierno de comenzar a cerrar portillos a los disparados del gasto.

El plan de reducción de egresos presentado la semana anterior ante el Congreso por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, no resuelve el problema, pero es un esfuerzo digno de resaltar porque es la primera vez que un ministro de esta cartera se presenta frente a los diputados y les señala el rumbo que debe tomar el país si deseamos resolver de una vez por todas el déficit fiscal.

Precisamente, el viernes pasado, la ministra aseguró que a más tardar en junio del 2019 mandará a la corriente legislativa la ley de empleo público para cubrir a todos los empleados estatales, esto incluye revisar y ordenar los más de 145 privilegios existentes en la estructura salarial de la Administración Pública.

La propuesta también está dirigida a reincorporar al proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas los artículos que permitirán al gobierno hacer uso de lo que hoy conocemos como gastos rígidos porque están amparados por leyes y la Constitución.

Señores diputados, la responsabilidad es muy grande, tanto del gobierno como de ustedes, quienes tienen que tomar decisiones oportunas y a muy corto plazo. Los sindicatos, cámaras empresariales y todos los actores sociales deben poner de su parte para apoyar al gobierno en esta tarea de sanear las finanzas públicas.

De otra manera los costos sociales serán más altos que en el gobierno de Rodrigo Carazo porque en la actualidad los costarricenses están muy endeudados, preocupantemente en dólares.

El autor es ingeniero.