Cómo ha evolucionado la ejecución del acuerdo con el FMI
De la mano del Fondo Monetario Internacional se ha ejecutado un significativo ajuste fiscal
Elian Villegas Valverde
El Ministerio de Hacienda nunca llevó a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni una sola propuesta para privatizar empresas públicas, incrementar el IVA, realizar despidos, reducir la remuneración de los empleados públicos o eliminar la garantía del Estado a la banca pública, en el entendido de que esa nunca podría ser la agenda que como gobierno estábamos dispuestos a defender de cara al país.
Dentro de las acciones para alcanzar ingresos fiscales con el menor impacto posible en la economía, se contemplaron las siguientes medidas: a) continuidad en la generación de rendimientos debidos a la reforma fiscal del 2018, principalmente por la ampliación de la aplicación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a sectores como la construcción y el turismo, el 1% del IVA a la canasta básica y el 13% de IVA a las servicios digitales transfronterizos, así como la aplicación de nuevas normas antievasión en la declaración del impuesto sobre la renta; b) las mejoras continuas en la administración tributaria y aduanera; y c) la entrada en vigor de un paquete de medidas tributarias, que se presentó a comienzos del 2021 a la Asamblea Legislativa, consistente en proyectos de ley para acrecentar los ingresos de la Hacienda pública.
Por el contrario, llevamos una modesta agenda de ingresos, compuesta por propuestas que más bien nos permitieran trabajar en progresividad y justicia tributaria:
-Renta global: pretende un mejor control de la evasión fiscal al unificar todos los ingresos y hacer una tasa común impositiva.
-Impuesto sobre premios de lotería: a premios superiores a ¢250.000 se les cobra un 25% del impuesto sobre la renta.
-Aumento de tarifa a las remesas al exterior (honorarios, dietas, reaseguros, películas, telenovelas, intereses, comisiones, intereses, gastos financieros, etc).
-Nivelación al 15% de todas las rentas y ganancias de capital y un aporte extraordinario de un 1,5% adicional durante dos años.
-Eliminación de la exoneración del pago del impuesto sobre la renta al salario escolar, que percibe solo la proporción del sector público dentro de la totalidad de la masa laboral.
-Creación de un dividendo especial para las empresas públicas, cuyo único socio es el mismo Estado.
-Modificación del impuesto sobre las casas de lujo, las cuales son solo aquellas cuyo valor de construcción es igual o superior a ¢137 millones y representan únicamente un 2,6% de la totalidad de las propiedades. Revisión de la Ley General de Aduanas como un mecanismo para reducir el contrabando, lo cual se traduce en un aumento en la recaudación de impuestos y además para facilitar el comercio.
A hoy, la sociedad costarricense es conocedora de que el incremento observado en los ingresos tributarios (crecieron a una tasa alrededor del 30% a finales del 2021 respecto del año 2020) obedece exclusivamente a la recuperación de los ingresos asociada a la generación de los rendimientos debidos a la reforma fiscal del 2018 y las mejoras en la gestión de recaudación que realiza el Ministerio de Hacienda.
Lo anterior, por cuanto, en el momento de escribir este artículo, la Asamblea Legislativa no había aprobado una sola de las nuevas medidas de ingreso que le fueron propuestas hace un año, a pesar de los ingentes esfuerzos que hemos desplegado en esa materia.
Solo durante el 2021, el Ministerio de Hacienda sostuvo más de 50 reuniones con la Asamblea Legislativa, respondió ampliamente, sin poner ningún límite a nuestra paciencia, cerca de 200 solicitudes de información de ese poder de la República, muchas de ellas relacionadas exclusivamente con el acuerdo con el FMI.
Con algunos diputados, hemos construido en conjunto y alcanzado significativos consensos. Hemos demostrado una gran flexibilidad aceptando cambios y presentando textos sustitutivos a los proyectos, con la finalidad de sumar apoyos y reducir resistencias.
Hemos tenido una intensa participación y negociación con la Asamblea Legislativa para lograr la aprobación de esta agenda y continuaremos buscando caminos que nos permitan lograr un entendimiento.
El ajuste fiscal requiere límites al gasto. Así, de enero a noviembre del 2021, la proporción del gasto primario (gasto total sin intereses) respecto al PIB es del 14,1%. Esta cifra es menor a la registrada en los períodos del 2020 (14,55%) y 2019 (14,43%). En otras palabras, la tasa de crecimiento del gasto primario ha sido inferior a la tasa de crecimiento del PIB nominal.
Este aspecto es fundamental para avanzar gradualmente en la reducción de la deuda, sobre todo, cuando es necesario continuar satisfaciendo las necesidades críticas del gasto público, incluida la protección de las poblaciones más vulnerables.
En cuanto a política fiscal, el criterio de desempeño para el 2021, según el acuerdo con el FMI, consistía en no sobrepasar un balance primario negativo de ¢640.000 millones; mientras que, como meta indicativa, el compromiso era no superar un nivel de deuda pública por el orden de los ¢27.100 millones de millones, igualmente, que estuviesen aprobados e implementados los parámetros estructurales que eliminarían los desequilibrios estructurales.
Gobierno Central: ingresos totales, gastos totales y balance financiero como porcentaje del PIB. Acumulado a noviembre de cada año
FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA || / LA NACIÓN.
Los resultados fiscales registrados durante el año y la implementación de una estrategia de financiamiento de mediano plazo (EDMP) han permitido disminuir las necesidades de financiamiento y reducir los rendimientos de colocación en el mercado de deuda pública local.
Durante el 2021, se pudo reducir el rendimiento de referencia a 10 años en colones en 330 puntos base, en el mercado de deuda pública local, pues a noviembre del 2021 dicho rendimiento cotizaba en 6,2% en contraposición con el 9,5% observado en diciembre del 2020.
La misma situación la experimentó el rendimiento a 10 años en dólares, dado que se produjo un descenso de 270 puntos base, al pasar de 8,5% (diciembre del 2020) a 5,8% (noviembre del 2021).
Es decir, se llevó a cabo una reestructuración del costo financiero al que se accedieron los recursos de financiamiento de la deuda pública interna en completo respeto de las condiciones pactadas en el mercado de deuda pública, por tanto, sin afectar las condiciones de los bonos en circulación y, por ende, sin infringir pérdidas a los tenedores de dichos bonos, que mayoritariamente son fondos de pensiones (es decir todos los trabajadores y pensionados), fondos de inversión y bancos.
El autor es ministro de Hacienda.
Nota: Este es el segundo artículo de una serie de tres.
Lea mañana: ¿Pasaremos la primera revisión del FMI? ¿Cómo cerrará el 2021?
