Columnistas

Cada vez el Estado excluye al sector privado de más actividades

La economía nunca logró una recuperación total después de la crisis del 2009 por efecto, en parte, del llamado desplazamiento

Costa Rica está atrapada en un mar de mediocridad. Los últimos gobiernos no solo se dedicaron a gastar más para beneficiar a sus amigotes de los sectores público y privado, sino que por cojera ideológica están dando negocios a instituciones del Estado que, además de la ineficiencia, redundan en una menor actividad productiva privada.

Un vistazo al índice mensual de actividad económica (IMAE) revela que, a mediados del 2015, nuestra economía entró en un prolongado período de desaceleración. Ignorar este hecho durante varios años causó que la tasa de desempleo abierto promediara un alarmante 11,9 % en el año y medio antes de la llegada de la covid-19 a nuestras tierras. Es decir, entre el último trimestre del 2018 y el primero del 2020, cuando alcanzó un escalofriante 12,5 %. La pandemia solo vino a agravar la situación.

La actividad económica nunca logró una recuperación total después de la crisis del 2009. En el quinquenio previo al 2009, el PIB tuvo un crecimiento real promedio del 5,65 % anual. Aunque no nos alcanzó para hacer mella en la pobreza, que siempre osciló en torno al 20 % de los hogares, dicho crecimiento sí fue suficiente para reducir el déficit fiscal (y generar pequeños superávits en el 2007 y el 2008) y mantener el desempleo relativamente bajo.

En los cinco años posteriores al 2009, el crecimiento real del PIB cayó a un promedio del 3,97 %. Peor aún, en el quinquenio a partir del 2015, el crecimiento descendió al 3,20 %, con una marcada desaceleración en los años 2018 y 2019 (crecimiento promedio del 2,37 %).

¿Qué cambió en la economía que pudiera explicar tan dispar desempeño? Ciertamente, el crecimiento de la economía mundial —y de nuestros socios comerciales— se debilitó a partir de la crisis del 2009, lo cual explica parcialmente la caída observada en nuestro desempeño.

Lo otro que cambió, y de manera muy notoria, fue el gasto público, que pasó del 15,27 % del PIB en el 2008, año en que el país experimentó un pequeño superávit del 0,19 %, a representar un 21,72 % en el 2019. Este brinco de 6,45 puntos porcentuales del PIB en el gasto explica, casi en su totalidad, los elevados déficits fiscales que el país ha venido acumulando en la última década, con nefastas, pero conocidas, consecuencias sobre la sostenibilidad de las finanzas estatales y la deuda pública.

Vocación para gastar. Una secuela poco explorada, y menos aún comentada, del acelerado crecimiento del gasto público desde el 2009, es el estrujamiento del sector privado, también llamado efecto de desplazamiento. Se trata de un fenómeno ampliamente estudiado por los economistas, mediante el cual una política fiscal expansiva resulta en una subida de las tasas de interés, que produce a su vez una caída en la inversión. La contracción del sector privado es, por ende, un efecto indirecto del crecimiento del gasto estatal.

Como si esto fuera poca cosa, después del 2014 los gobiernos del PAC adoptaron una política de desplazamiento adrede —directo— del sector privado, valiéndose de un mecanismo de la ley de contratación administrativa que permite —por la vía de excepción— la contratación directa entre entidades del Estado.

Cada vez más actividades que desempeñaba el sector privado fueron asumidas por el Estado, con sus consabidas ineficiencias. Lo que era un mecanismo de excepción se ha convertido en la norma, permitiendo las contrataciones sin concurso público (que tienen la virtud de disminuir los precios de los contratos) y excluyendo a la empresa privada de toda posibilidad de participar en las licitaciones. La combinación de desplazamiento directo e indirecto del sector privado es responsable en buena medida de la ralentización de la actividad económica del país.

Por otra parte, las instituciones públicas están, cada día más, capturadas por grupos de interés, tanto públicos como privados. Los intereses sectoriales prevalecen sobre el bienestar general de la población, resultando en procesos viciados de formulación de política pública, que generan regulaciones incoherentes. Lo ilustro con un ejemplo, usando un producto ficticio para evitar herir susceptibilidades.

Fusionar, simplificar, actuar. Los productores nacionales de soya enfrentan elevados costos de producción, que les impide competir contra la soya importada. Buscan una reunión con el ministro de Agricultura, quien los escucha y decide elevar el arancel de importación como medida de salvaguarda. Los productores se van contentos para la casa, porque con un arancel mayor sí podrán ser competitivos.

Como consecuencia de esa decisión, los representantes de la industria alimentaria le piden una cita a la ministra de Industria y Comercio, donde le exponen que la soya es un insumo importantísimo para la elaboración de aceites, alimento para ganado y aves, harina, galletas, etc. El nuevo arancel encarece los procesos productivos y ello, irremediablemente, se traducirá en alzas de precios. De manera directa (aceite más caro, alimentos procesados más caros) e indirecta (carne y pollo más caros), el consumidor termina pagando los platos rotos.

Lo perverso de este procedimiento es que en ningún momento se resuelve el problema de fondo: que los costos de producción en Costa Rica son muy elevados. Por el contrario, el arancel, como se explicó, termina encareciéndolos aún más.

En este sentido, fusionar en un solo Ministerio de la Producción a todas las entidades dedicadas a los sectores productivos (MAG, MEIC, Incopesca, ICT y todas sus entidades satélites) permitiría no solo generar un ahorro en las capas burocráticas, sino que cambiaría por completo la dinámica de formulación de política en nuestro país, con un impacto positivo en la actividad económica.

La ministra de la Producción, al recibir a los productores de soya, sabrá que, si sube el arancel, recibirá inmediatamente los reclamos de los industriales. Esto la obligará a pensar en una política que beneficie a todos los sectores por igual, lo cual la inducirá a liderar propuestas para reducir los costos de la electricidad, de los combustibles, del crédito, de la tramitomanía y hasta las cargas sociales. En otras palabras, por primera vez en muchos años empezaremos a generar políticas integrales de desarrollo productivo y económico, coherentes y consistentes, y no la maraña de políticas sectoriales contradictorias que tenemos hoy.

Similares beneficios percibiríamos si fusionamos en un Ministerio de Economía al de Hacienda, el de Planificación Económica y la parte de fomento económico del MEIC; en un Ministerio de Bienestar Social a las 23 instituciones del sector social que administran alrededor de 45 programas antipobreza (a pesar de lo cual no disminuye); si concesionamos los puertos que quedan en manos de Japdeva y lo fusionamos con el Incop en una sola administración portuaria bajo la égida del MOPT, etc. Hay mucho espacio para simplificar la estructura del Estado sin sacrificar los servicios que brinda ni hacer despidos masivos, porque la reforma del empleo público debería permitirnos trasladar personal de una institución, donde deja de ser necesario, a otra, donde hace falta.

La OCDE ha señalado reiteradamente que la existencia de monopolios y múltiples sectores excluidos de la aplicación de las reglas de la competencia incide directamente en los costos de producción y de vida, sobre todo porque la mayoría de los mercados no competitivos son de bienes y servicios que se utilizan en otros procesos productivos, que también se encarecen.

Prácticamente todo proceso productivo usa electricidad, combustibles, crédito y seguros, además de que buena parte de los productos de la canasta básica que presentan situaciones restrictivas a la competencia —arroz, azúcar, leche, etc.— son a su vez insumos para otros procesos productivos. La OCDE estima que un tercio de la economía costarricense cae en alguna de las categorías mencionadas, restando competitividad a nuestros productores.

Es hora de coger el toro por los cuernos, romper monopolios, abrir mercados y provocar una disminución generalizada de los costos de producción, para que los productores costarricenses de todos los sectores sean competitivos. Salir del círculo vicioso del mar de la mediocridad, del arancel protector y del alto costo que nos vuelve menos competitivos es posible si nos atrevemos a plantear un nuevo paradigma.

feinzaig@msn.com

El autor es economista.