Jorge Woodbridge. 7 julio

Por la falta de disciplina sanitaria y otras causas se desató la transmisión comunitaria y está en peligro nuestra limitada capacidad hospitalaria.

La despreocupación de una cantidad significativa de personas nos obliga a volver al confinamiento, lo cual se traduce en más cierre de empresas, desempleo, pobreza y desigualdad.

En una crisis de proporciones inimaginables la defensa de privilegios insostenibles atenta contra la estabilidad de la democracia.

Son necesarios acuerdos políticos, sanitarios, económicos y sociales para salir del bache y resistirse a aprovechar la necesidad de cientos de miles de costarricenses para ganar espacios políticos.

A consecuencia del deterioro sanitario y la falta de reglas claras, la economía caerá entre un 7 % y un 8 % del producto interno bruto.

Es imposible para miles de pymes seguir pagando las cargas sociales por su planilla y no es razonable que no se ajusten las instituciones que dejaron de ser competitivas.

Llegó el momento de fusionar programas, cerrar instituciones obsoletas y hacer un Estado más pequeño y eficiente. Son 304.000 empleados públicos y sus insostenibles pluses lo que asfixia las finanzas públicas y lleva al gobierno en un gesto de irresponsabilidad a endeudarse.

¿Qué les espera a las futuras generaciones si seguimos por este camino? A principio de año teníamos una deuda de $36.000 millones y vamos a terminarlo con obligaciones por $42.000 millones.

Remuneraciones. Del 2010 al 2018, Costa Rica subió de un gasto en remuneraciones del sector público de ¢3,5 billones a ¢5,7 billones. Solo en el 2015, con una inflación negativa del 0,8 %, crecieron un 5,8 %.

Con una caída en los ingresos tributarios, el Estado no podría pagar, en teoría, salarios y pensiones de ¢15 millones. Cerrar los ojos a la creciente pobreza y desigualdad es la vía al abismo.

Urge la aprobación del préstamo para modernizar el Ministerio de Hacienda, en los campos aduanal y fiscal. Hay herramientas tecnológicas muy robustas con las cuales Tributación puede cobrar mejor los impuestos. Nadie defiende la evasión ni la elusión, pero hace falta crear conciencia tributaria y un control más eficiente para saber en qué se invierten los recursos y acabar con el despilfarro.

Los únicos felices con un Estado cargado de privilegios son quienes los reciben. Mientras tanto cada día es peor el deterioro de la enseñanza, la seguridad, las viviendas.

El país enfrenta también el reto de acabar con los miles de obstáculos al derecho a recibir justicia pronta y cumplida. El Poder Judicial está necesitado de cambios estructurales que frenen la concentración de poder.

No es válida la imposibilidad de contraer los gastos en remuneraciones y crear un único régimen de empleo público flexible, equitativo, medible, transparente y competitivo.

Es momento de acabar con el modelo de contratación de personal de la Dirección General de Servicio Civil y con cientos de instituciones innecesarias.

Es ilógica la existencia de subregímenes para empleados de confianza, servicio exterior, universidades, sistema educativo, policías y ciencias de la salud.

Debe haber una valoración igual para trabajos idénticos, deben existir escalas de acuerdo con competencias e incentivos por productividad.

Diferentes reglamentos para vacaciones, prestaciones, teletrabajo, contratación de servicios profesionales, aumentos por títulos o publicaciones, anualidades porcentuales, pago de horas extras diferenciadas y decenas de nuevos pluses se han convertido en una bola de nieve que ahora significan el 50 % del total de las remuneraciones.

Alinear. Hay que alinear todas las instituciones en los rubros onerosos y no seguir con la multiplicidad de normas. No podemos seguir con diferentes subregímenes laborales porque se presta para continuar favoreciendo instituciones con más músculo para negociar.

No puede seguir la inamovilidad de los servidores públicos. Eso va contra toda posibilidad de mejorar la eficiencia.

Hay que regular claramente en las negociaciones colectivas y aplicar el principio de patrono único.

No debe seguir el desorden en cuanto a permisos, vacaciones, incentivos y otros beneficios laborales insostenibles. Hay que crear un régimen robusto para ordenar integralmente el sector público.

Hoy más que nunca requerimos un Estado más pequeño, pero más eficiente. Hay que resolver no solo la estructura salarial, sino también valorar cada institución para ver el costo y beneficio para una nueva realidad social y económica.

El ajuste. No queda otra alternativa que negociar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recientemente se le dio al país un crédito por $504 millones, como parte del llamado instrumento de financiamiento rápido, para gastos extraordinarios. Está en la agenda legislativa para ser aprobado.

El acuerdo stand-by significa un préstamo por ¢2.250 millones que serán girados a lo largo de tres años. Aún el directorio del FMI no ha dicho que sí y, después de eso, debe pasar por el Congreso.

No queda otra salida para mitigar la crisis y ordenar las finanzas públicas. El acuerdo les dará confianza a los tenedores de bonos, preocupados en este momento por la grave situación fiscal.

En el 2021 vencerán bonos por $3.600 millones y faltan ajustes fuertes para renegociar, de otra forma ni las instituciones internacionales apoyarán al gobierno.

No podemos dejar de bajar las tasas de interés y el plazo de la deuda, tomando medidas valientes y rápidas en reducción de gastos.

Es un hecho que el FMI va a exigir compromisos, incluidos en la carta de intenciones del préstamo mediante el instrumento de financiamiento rápido.

La pregunta clave es: ¿Podrán los gobiernos, empezando por Carlos Alvarado, llevar el déficit al 50 %? El país debe alcanzar un superávit primario del 2,4 % en el 2024.

El FMI revisará el avance de los compromisos cada trimestre y así serán los desembolsos. No hay oportunidad para pasar el problema a la siguiente administración. El gobierno debe actuar o celebrar el bicentenario sumido en un caos.

El autor es ingeniero.