EscucharEn el Doing Business del 2017 del Banco Mundial, se miden las regulaciones que restringen o favorecen la actividad empresarial en 11 áreas primordiales en el ciclo de vida de una empresa. Este informe evalúa la complejidad y el costo de las múltiples regulaciones en 190 países.
En el estudio, Costa Rica salió evaluada en la posición 62, debido a los cada vez más complejos trámites que hemos desarrollado en el enmarañado sector público compuesto por más de 240 instituciones.
Es interesante analizar que existe una relación directa entre el desarrollo, la inversión, la eficiencia y la facilidad para hacer negocios. Europa y Asia central han logrado importantes reformas para reducir trámites, costos y disminuir la desigualdad social. Es lógico que, con menos obstáculos para hacer negocios, se forman más empresas, haya más empleo y más inclusión social.
Las mediciones del Doing Business calculan el tiempo y el costo de la formalización de una empresa, permisos de construcción, conexión eléctrica, registro de la propiedad, formalizar un préstamo, las medidas de protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio fronterizo, cobro de contratos, regulaciones laborales y los pasos para terminar un proceso de insolvencia.
Es preocupante que, a pesar de los grandes esfuerzos hechos por el Ministerio de Economía (MEIC) en los últimos años, poniendo en operación plataformas más amigables, estableciendo regulaciones más claras y buscando la simplicidad y una nueva cultura, nuestros resultados no han sido satisfactorios para escalar a posiciones de competitividad.
Para formalizar una simple pyme se necesitan nueve procedimientos y se dura al menos 22 días, lo que significa más del 9 % del costo de capital. Un permiso de construcción, sin tener que hacer un estudio de impacto ambiental complejo, tiene que pasar por 15 procedimientos y mínimo se van a tardar 118 días.
Para la aprobación de un crédito en un banco, se requerirá una compleja información financiera y de certificaciones que con suerte demandará más de 60 días. Para pagar los impuestos de una empresa tenemos que invertir al menos 151 horas al año. Cobrar un contrato, mínimo se deben proyectar 852 días, debido a la saturación e ineficiencia de nuestros tribunales y a las decenas de portillos legales que existen en nuestra legislación para prolongar cualquier disputa legal.
Para resolver la insolvencia de una empresa, son necesarios al menos tres años en nuestros tribunales. Estos resultados los podemos contrastar con un país como Singapur, donde iniciar un negocio requiere escasos cinco días, aprobar un permiso de construcción 48 días, pagar impuestos 66 horas al año, cobrar un contrato 164 días, resolver un proceso de insolvencia 0,8 años y aprobar un crédito se logra en menos de 30 días.
Competitividad. En el reporte de competitividad del World Economic Forum del 2016-2017, Costa Rica ocupa la raquítica posición 54 entre 120 países. En este informe se analizan las variables de la situación macroeconómica, instituciones, infraestructura, salud, educación, eficiencia del mercado, flexibilidad laboral, mercado financiero, tecnología, sofisticación de mercados y capacidad de innovación.
Al igual que el Doing Business, este reporte es clave para tomar la decisión de una inversión, pues ambos dan una radiografía clara de la competitividad de un país. En este estudio se evalúan, también, los factores más negativos para hacer negocios en Costa Rica. El primer obstáculo señalado es la ineficiencia burocrática por los complejos tramites y falta de transparencia, la calidad de la infraestructura, la estructura de impuestos, la carencia de recursos humanos bien calificados, el acceso al crédito y la creciente corrupción.
Factor clave. No cabe duda de que un factor primordial para la prosperidad de Costa Rica es hacerle la vida más sencilla a las pymes y a los ciudadanos.
Cuando una pyme requiere numerosos trámites para conseguir autorizaciones, permisos y decenas de papeles en diferentes dependencias, lo que hacemos es generar mayor ineficiencia.
Es impresionante la falta de reglas claras y transparencia en todos los niveles de nuestro complejo tejido institucional.
Esta situación lo que ha generado son duplicaciones, retrasos y costos altos. Las pymes quieren ser formales y dedicarse a producir, pero cuando se encuentran con las decenas de obstáculos e interpretaciones legales, se termina por trabajar en la informalidad, con las graves consecuencias para su desarrollo.
Tenemos que simplificarles la vida a las empresas y a los ciudadanos, para que no aparezcan los famosos tramitólogos que, con frecuencia, recurren a las irregularidades, que al final todos se ven obligados a pagar para no invertir más tiempo.
No podemos obligar a las pymes a claudicar y abandonar sus proyectos. La informalidad limita su crecimiento, crea inseguridad y, al final, desempleo. De ahí que es imperativo el compromiso del futuro gobierno por reducir trámites, dar transparencia y simplificar regulaciones, como un eje central de sus prioridades. Solo así lograremos generar valor agregado sin crear cargas excesivas. La sencillez, el empleo de ventanillas únicas, la digitalización, el poder político, leyes claras y una nueva cultura son claves para ser más competitivos.
Casos puntuales. No podemos seguir exigiendo viabilidades ambientales para una fábrica de queques, un taller mecánico, una casa de habitación de más de 500 metros cuadrados, una venta de helados, la sustitución de tanques, almacenes veterinarios, fábricas de tortillas, ventas de quesos y mejoramiento de caminos privados, como simples ejemplos de nuestra falta de visión de lo estratégico.
Es impresionante como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por citar una institución fundamental para el desarrollo, se llena de papeles y trámites irrelevantes. De los 2.500 expedientes que ingresan a la Setena al año más del 50 % son de bajo impacto, que al final inmovilizan a la institución.
No puede ser que la Setena tenga que aprobar el cambio de un tubo en mal estado en una vía pública. Tampoco deberían solicitarse complejos estudios para ampliar proyectos viales de rutas existentes, pues impactaron el ambiente. Tampoco debemos aceptar que un aeropuerto internacional como el Juan Santamaría se atrase casi cuatro años por criterios legales que exigían que los terrenos estuvieran a nombre del Ministerio de Obras Públicas.
Soluciones. Tenemos que desarrollar portales electrónicos fortaleciendo una autoridad superior que tenga capacidad política, recursos económicos y legales para simplificar trámites en los múltiples niveles del Gobierno y el resto del sector público. Tenemos que crear un one stop que permitiría a todas las pymes y ciudadanos efectuar transacciones y registros corrientes requeridos, como cédula jurídica, permisos municipales, impuestos, personerías y toda la información que se exige recurrentemente en todos los trámites. Esto significa que debemos crear una ley muy simple que obligue a los cientos de instituciones a tener accesible la información, los formularios y los requisitos en forma digital.
También es primordial una ventanilla digital que permita a los empresarios y ciudadanos obtener permisos y licencias en los diferentes niveles. No podemos seguir usando papeles cuando tenemos 1,5 líneas celulares por habitante.
Debemos hacer trámites transparentes y accesibles, que eviten la necesidad de desplazarse físicamente a las diferentes oficinas. No podemos tampoco seguir sacando nuevos trámites sin que sean evaluados el costo y el beneficio. Todo nuevo trámite debe tener una finalidad clara, un compromiso de servicio y responsabilidades.
El autor es ingeniero.
