EscucharEs falso que el Gobierno de Costa Rica haya firmado un decreto que les arrebata a los padres y madres de familia la “patria potestad” de sus hijos menores de edad, como lo afirma en un audio viral un hombre que se identifica como el médico Augusto Vega Chavarría. Tampoco es verdad que en los contratos de compra de vacunas contra la covid-19 se haya acordado la venta de los niños costarricenses a las farmacéuticas.
La Casa Presidencial indicó que el Poder Ejecutivo no ha firmado ningún contrato o decreto como los que describe Vega en la grabación que se comparte masivamente desde hace varias semanas en la aplicación WhatsApp. La Nación revisó la normativa emitida hasta la fecha por las autoridades, en relación con la vacunación pediátrica, y tampoco encontró evidencia que respalde las afirmaciones del médico.
Vega Chavarría es un doctor que difunde sistemáticamente desinformación sobre la pandemia y las vacunas contra la covid-19, quien ha sido suspendido en varias ocasiones por el Colegio de Médicos y recientemente fue condenado por dos delitos de difamación contra colegas. En el audio viral, las advertencias infundadas se las atribuye a “bandos militares de Estados Unidos”, aunque dichas especulaciones no han sido corroboradas por ninguna fuente oficial ni reconocida.
“Como lamentablemente muchos se habrán dado cuenta, pues el Gobierno de Costa Rica logró generar un decreto que le quita totalmente la patria potestad a los padres de familia, y obliga supuestamente bajo un derecho a vacunar a todos los niños de Costa Rica”, dice la voz masculina en el audio. Después, agrega: “En el contrato que hicieron con Pfizer vendieron a todos los niños de Costa Rica (...) los niños van a ser vacunados o son vacunados inmediatamente van a adquirir un código y ese código significa que las personas o los niños pertenecen a la empresa que los vacuna”.
Consultada al respecto, la farmacéutica Pfizer indicó que la información oficial sobre los términos de venta de vacunas contra la covid-19 solo la puede brindar el Gobierno costarricense. Por su parte, la Casa Presidencial desmintió las afirmaciones de Vega.
“Es absolutamente falso que el Poder Ejecutivo haya firmado algún contrato o decreto como el que señala este audio, que tiene manifestaciones totalmente absurdas. Es lamentable que se generen este tipo de audios con falsedades que no corresponden a la realidad y que solo buscan inducir a error a la población”, declaró el Ejecutivo.
‘Patria potestad’ es una idea obsoleta
Isaac Monge, juez de Familia del Poder Judicial, explicó que la “patria potestad” es una idea obsoleta que se utilizó en el pasado, cuando se consideraba que los hombres ejercían el control de sus familias y que los hijos eran de su propiedad. En la actualidad, según Monge, a nivel judicial se considera que los padres y madres tienen una “función parental”.
Este concepto se refiere a la responsabilidad que tienen los progenitores con la crianza y el cuido de sus hijos, pero con mayor participación de los niños en la toma de decisiones y siempre bajo la tutela del Estado.
“Además, la función parental tiene límites, que son precisamente el ejercicio efectivo de los derechos del niño, porque yo como padre puedo tomar decisiones, pero si eso está afectando al niño, o si estoy incurriendo en un abuso de la función parental, como no llevar a un niño a vacunarse o no llevarlo a la escuela, no llevarlo a una cita médica, eso es un abuso por comisión de la función parental”, enfatizó el juez.
Monge afirmó que a la par de la función parental existe el interés superior del niño, que debe guiar siempre la actuación de los papás. Pero, si ellos incumplen, las autoridades tienen potestad para intervenir. Por ejemplo, en el caso de la vacunación, porque en Costa Rica la última palabra sobre la protección de la salud de los menores la tiene el Estado, no los papás.
Vacunación de menores es obligatoria
En el país, la ley establece la obligatoriedad de que los menores reciban las inmunizaciones que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) estime necesarias. Además, el decreto Nº 40.255, del 2017, autoriza al personal de salud a vacunar a las personas menores de edad incluso cuando sus responsables se nieguen a que se realice el procedimiento.
La vacuna contra la covid-19 forma parte de este esquema básico desde el 5 de noviembre. Los especialistas dictaron su decisión “en resguardo del principio del interés superior del niño, la niña y el adolescente”.
Fuentes consultadas
-Casa Presidencial de Costa Rica
-Farmacéutica Pfizer
-Isaac Monge, juez de Familia
-Ley Nacional de Vacunación
