Al cumplirse este lunes 6 de julio cuatro meses de la aparición del primer caso de covid-19 en el país, el gobierno carece de recursos suficientes para atender miles de solicitudes pendientes de ayuda planteadas por trabajadores que perdieron su empleo o sufrieron una reducción de ingresos por la crisis.
En este momento, hay 429.000 personas en lista de espera para recibir el bono Proteger, pero los fondos previstos para seguir financiando este subsidio estatal alcanzarán solo para 220.000 beneficiarios nuevos. O sea, cerca de la mitad, 200.000, se quedarán por fuera.
Los dineros se tomarán de un presupuesto extraordinario que el Poder Ejecutivo tiene previsto enviar esta misma semana a la Asamblea Legislativa, el cual contempla una partida de ¢84.000 millones para nuevos bonos.
Dichos aportes, que oscilan entre ¢125.000 o ¢62.500 mensuales, van dirigidos a aquellos asalariados y trabajadores independientes que se vieron económicamente afectados por las medidas sanitarias adoptadas para evitar la programación del nuevo coronavirus.
En la actualidad, el programa cuenta con 533.000 beneficiarios que han recibido, al menos, uno de los tres depósitos prometidos por el gobieno. Tampoco habrá dinero para extenderles a ellos la ayuda más allá de los tres meses anunciados inicialmente.
Frente a esta situación, las autoridades cifran sus esperanzas en que la reapertura gradual de algunos sectores económicos y la eventual atracción de inversión extranjera permitan normalizar las jornadas laborales y reactivar la generación de empleo.
Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), detalló que los recursos con los que se cuenta en la actualidad ya tienen nombre y apellido y corresponden a los segundos o terceros depósitos de las personas que ya reciben el bono Proteger.
Bermúdez indicó que entre los recursos frescos que esperan recibir vía presupuesto figuran ¢75.000 millones de una transferencia de utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS) y cerca de ¢9.000 millones provenientes de los precios de los combustibles.
Sin embargo, confirmó que ese monto solo alcanzará para otorgar ayudas a 220.000 nuevos beneficiarios y que, por tanto, no será posible extender el subsidio a aquellos que ya lo reciben y cuyo último giro está previsto para el mes de agosto.
“En este momento, nuestra prioridad es buscar recursos para garantizar que las personas que hayan puesto su solicitud en la plataforma sean atendidas, pensar en ampliaciones, es un escenario en el cual habría que contar con recursos que hoy no están identificados plenamente.
“Además, hay que entender que las necesidades no son solo del bono Proteger. El sector social necesita reforzar su financiamiento para garantizar la atención de adultos mayores, personas con discapacidad, y en situación de calle”, aseveró el también ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
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La ministra de Trabajo, Geaninna Dinarte, indicó que los recursos que estarían por ingresar no se asignarán por orden de solicitud sino tratando de priorizar los casos más críticos, tomando en cuenta aspectos como nivel de ingresos, jefaturas de hogar y otras condiciones de vulnerabilidad.
“Haremos la verificación, validación y priorización, y así podemos saber si incluso una persona que ingresó ayer, tiene necesidades más apremiantes que las puede tener otra persona que, tal vez, lo que tiene es una reducción de jornada, pero del 25%”, detalló.
Dinarte agregó que están por lanzar un explicativo para que aquellos que tienen pendiente la aprobación del bono y sufrieron un deterioro en su condición (por ejemplo tenían reducción de jornada cuando presentaron la solicitud y ahora fueron despedidos), puedan hacer la modificación en su expediente.
Según datos del Ministerio de Trabajo, al viernes 3 de julio, solo a unas 2.300 personas les reanudaron el contrato que estaba suspendido o volvieron a la jornada ordinaria, mientras que a otros 18.887 trabajadores se les extendieron por tres meses más las medidas que afectan sus ingresos.
La jerarca de Trabajo insistió que con esas medidas, la apuesta siempre ha sido enfocada en evitar la destrucción de los puestos de trabajo.
A su criterio, las opciones de suspender contratos o de reducir jornadas, han resultado “favorables” para oxigenar a las compañías, pues sirvieron como alivio al incremento en el desempleo.
“Cuando evitamos que las empresas cierren o quiebren estamos protegiendo el empleo (...). Tenemos un poco más de 200.000 personas a quienes se les ha aplicado reducción y suspensión y, por supuesto, la expectativa que se tiene es que conforme se va dando la apertura, se pueda ir recuperando ese empleo”, afirmó Dinarte.
Empresarios ven panorama oscuro
Aunque el gobierno apuesta a las fases de reapertura y aplicación de protocolos para ir recuperando puestos de trabajo, los empresarios consideran que los meses que vienen serán aún más duros.
Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), sostuvo que ese sector es hasta ahora el más afectado a causa de la pandemia y el que menos claridad tiene sobre una eventual recuperación en el mediano plazo.
Según dijo, muchos de los empresarios que tenían algún ahorro ya no cuentan con esa liquidez para continuar con sus negocios abiertos y que las finanzas de otros podrían verse ahogadas por la reactivación en el cobro de créditos y servicios públicos.
Debido a lo anterior, advirtió que en esta segunda ola de la pandemia ni siquiera la reducción de la jornada les permitirá seguir operando y que finalmente se verán obligados a cerrar los negocios.
Acón afirmó que Canatur estima que en los próximos tres meses se podrían perder cerca del 80% de los 211.00 empleos directos que genera esta actividad
“Para sostener los empleos por más tiempo, necesitamos que nos apoyen financieramente (...). Este problema se va a agravar en la segunda ola y entonces la única manera de que no agarre tintes de catástrofe es que le permitan al sector asumir más deudas para sostener la industria que costó 30 años levantar”, afirmó.
En tanto, Álvaro Sáenz, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), sostuvo que el hecho de que muchas empresas no prorroguen las medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada no puede verse como un buen augurio.
Sáen sostuvo que, en muchos casos, más bien se retiran estas medidas para aplicar despidos. A su criterio, en lugar de dar asistencia a las personas, debió inyectarse capital a las empresas para que no tuvieran que cerrar.
Además, consideró que algunas de las medidas que se aplican actualmente como el testeo georeferenciado de posibles enfermos y los cierres en aquellos sitios de mayor riesgo y no en forma generalizadad debieron aplicarse desde el inicio de la emergencia.
Al respecto, la ministra de Trabajo reconoció que si bien enfrentan una gran dificultad para generar los puestos de trabajo que se requiere en este momento, las medidas aplicadas evitaron que se perdieran al menos 200.000 empleos.
La esperanza del Gobierno se centra actualmente en las fases de apertura y los protocolos de los diferentes sectores para recuperar algunos de esos trabajos, además de las convocatorias como el llamado que hace el agro para llevar personas a actividades como la recolección de café, donde se requieren unas 60.000 personas.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo, el país alcanzó a abril (apenas a un mes de iniciada la pandemia) la tasa de desempleo más alta de la historia, que implicaba para entonces 379.063 personas en ese momento.
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Por su parte, Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS, manifestó que la situación que se vive en el país y en el mundo es equiparable con las mayores crisis del siglo XX.
“En términos de proyecciones, los números al igual que los recursos se vuelven de coyol quebrado, coyol comido. Hay que estarlos monitoreando mes a mes para ver el comportamiento real de los ingresos y estar reestimando los gastos, igualmente con las proyecciones del incremento y la incidencia de pobreza”, explicó.
Según dijo, si bien aún no se tienen mediciones sobre el impacto en la pobreza de medidas de asistencia como el bono Proteger, el más reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe subraya que para el caso de Costa Rica podrían sumarse unas 223.000 personas a esa condición.
“Es ahí donde tenemos puesta nuestra capacidad institucional, como nuestra apuesta de que las acciones en muchas dimensiones nos permitan que la medición de la Encuesta de Hogares no traiga un número que nos hable de una catástrofe social.
“Si bien no tenemos los datos, lo cierto es que si hay un indicador es que ha existido paz social a diferencia de otros países de la región”, apuntó Bermúdez.
El reflejo más claro de ese panorama, apuntó el presidente el IMAS, es que los datos de la plataforma Proteger arrojan un 40% de afectación de la fuerza laboral en distintas dimensiones.
Bermúdez recordó que la plataforma sigue habilitada, y que las personas deben entender que los escasos recursos serán para garantizar la atención de quienes más lo necesiten, además se continúan dando citas mediante el número 800-000 IMAS, para los casos más urgentes.