El hogar de Karen González, una jefa de hogar de 39 años, afronta la pandemia de covid-19 sin ingresos económicos desde el pasado 20 de marzo, cuando le suspendieron su contrato laboral.
Esta vecina de Purral de Guadalupe vive con su hijo, un joven universitario de 20 años.
González laboraba para un casino capitalino. Ahora, cuatro meses después de estar sin trabajo, la mujer clama porque las autoridades permitan el funcionamiento de esos negocios y así poder llevar sustento a su casa.
El bono Proteger nunca llegó a la puerta de su hogar.
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Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), hay 63.000 trabajadores con contratos suspendidos, como González. En tanto, hay otros 163.000 con reducciones de salarios.
Dichosamente, cuenta la mujer, ella y su hijo tienen casa propia. Sin embargo, la comida y las cuentas no se pagan solas, pero sus hermanos han salido al auxilio para ayudarles con los gastos.
Lo anterior no impidió que González tuviera que tomar algunas medidas drásticas para tener con qué comprar comida y pagar recibos.
“Una semana mi hermano me da para sobrevivir, otra semana mi otra hermana me da. Pero los recibos y seguir pidiendo es lo que más me ha afectado emocionalmente, porque toda mi vida he trabajado, toda mi vida fui madre soltera.
“Es desesperante. Me ha tocado vender cosas, como algunos electrodomésticos, a eso ha llegado uno”, afirmó González.
La mujer cuestiona por qué no llegó la ayuda estatal a su hogar, si el Ministerio de Trabajo sabía cuáles eran las personas con contratos suspendidos por la pandemia.
“Llené el formulario desde el 20 de abril. No entiendo porqué no me dieron el bono, si se supone que la prioridad eran los que tenían la carta de suspensión o el despido. Tampoco clasifiqué para la ayuda de la Municipalidad”, aseveró.
González afirma que para sacar adelante su familia no se ha quedado de brazos cruzados, sino que empezó a enviar currículos a diferentes empresas, sin éxito hasta el momento.
Ella cursa la carrera de Administración de Empresas.
“He enviado por lo menos 50 currículos, pero en ningún lado. La gente que dice que hay trabajo, que me digan dónde porque a todo lado he enviado papeles.
“Que la gente me diga que coja café, es decir, estamos sin trabajo desde marzo, las cogidas de café son a partir de agosto, con qué pretende que viva uno todo este tiempo”.
“¿Qué futuro tengo? No tengo idea. He enviado currículos, he buscado trabajo y nada”, contó la mujer.
Cuenta que en el gremio de los trabajadores de casinos hay compañeros más afectados y que por eso hicieron una campaña de recolecta de alimentos, pero que solo han conseguido apoyo de sus mismas familias.
González pide a las autoridades sanitarias la reapertura de estos negocios emplean y dan sustento a cientos de hogares costarricenses. “Tenemos un protocolo sanitario y es muy estricto. Necesitamos trabajar”, aseveró.
‘Tamarindo es un desierto’
El turismo es otra actividad económica abatida por la pandemia del nuevo coronavirus.
Hoteles, restaurantes y turoperadores emplean a miles de personas en costas y montañas del país.
Pero desde que se tomaron las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria, como el impedimento de entrada a extranjeros o el cierre de playas, la actividad se vino abajo.
En ese sector, hay 22.800 trabajadores con contratos suspendidos, otros 27.500 con jornadas reducidas, mientras que se desconoce el número de personas despedidas.
Pese a que las autoridades ahora permitieron el turismo local, la ausencia de extranjeros y el impacto económico de los hogares costarricenses, impiden la recuperación económica inmediata de empresas dedicadas al turismo.
Yerling Ruiz forma parte de esas cifras. Ella trabaja para un hotel en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste. Sin embargo, su patrono le suspendió el contrato desde el 13 de abril.
A días para que se cumplan los tres meses, ella y sus compañeros desconocen si se les extenderá la medida, pues el hotel todavía no reabre sus puertas.
La joven de 27 años vive con su esposo, un guarda de seguridad a quien le redujeron un 50% de su jornada y de su salario.
Dada la situación, Ruiz llenó el formulario para recibir el bono Proteger y obtuvo el beneficio estatal, pero solo ha recibido un pago.
“El apartamento nos cuesta ¢130.000 al mes y el bono es de ¢125.000. Entonces, ahí tenemos que decidir si pagamos el alquiler, pagamos los servicios o compramos comida, ¿me entiende?
“Nosotros hemos decidido comprar lo básico de la comida y con lo poquito que gana mi esposo poder pagar los servicios, pero cada vez se nos hace más difícil esta situación, es preocupante”, afirmó Ruiz.
Una de las opciones que barajan es devolverse a la casa de su mamá, una adulta mayor con factores de riesgo frente a la covid-19.
“Ella vive con mi hermana, su esposo y su hijo, todos trabajan en hotelería y ahorita están desempleados. También vive allá otra hermana y tres sobrinos. Entonces, sería como hacinarnos todos ahí, con el peligro que eso representaría para mi mamá”, aseveró la joven.
A la fecha, la vecina de Tamarindo desconoce si su patrono reabrirá el hotel, donde también opera un restaurante.
“Existe mucha incertidumbre sobre nuestro futuro. Tamarindo es como un desierto, cuando usted antes venía y veía ese montón de turistas nacionales y extranjeros.
“Ahorita el 13 de julio se vence la suspensión, pero mi jefe no nos ha dicho si va a abrir, no nos ha dicho nada. La situación que pasamos los que trabajamos en hotelería es bastante difícil”.