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El país no atraviesa una situación económica favorable como para implementar las licencias de paternidad.
Esta fue la principal conclusión de Fabio Masís, director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), sobre el proyecto de ley para instaurar este derecho laboral, el cual se discute en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa presentada por el exdiputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, pretende otorgar a los padres un permiso laboral de cinco días a partir del nacimiento de su hijo o de la adopción de un menor de edad.
Según la iniciativa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe cubrir el 50% del salario del trabajador con el beneficio, mientras que el patrono asume la otra mitad, al igual como sucede con la licencia de maternidad.
“Es importante preguntarse si este es el momento adecuado para aprobar una iniciativa por la situación económica de las empresas. El 70% de los negocios son micro, pequeñas y medianas empresas”, manifestó Masís.
No obstante, el representante empresarial afirmó que “más adelante se podría evaluar” la iniciativa.
En temas de fondo, los empresarios calificaron el proyecto como “impreciso” y aseguran que tiene vicios de inconstitucionalidad.
“Entendiendo el origen del proyecto (el exdiputado Fabricio Alvarado), lo que se busca es darle mayor responsabilidad al hombre en la crianza y educación del menor. Esto podría verse como un beneficio, pero el proyecto deja muchos vacíos”, afirmó Masís.
La Unión de Cámaras señala que el proyecto no detalla qué pasa si el trabajador no reconoce al hijo o si el padre hace otras labores mientras goza de la licencia, tampoco si se puede despedir a ese trabajador.
Los legisladores se mostraron divididos sobre el plan.
“No podemos ponerle más cargas a las empresas”, expresó Shirley Díaz, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
No obstante, las diputadas independientes Ivonne Acuña y Nidia Céspedes, defendieron el proyecto.
Las legisladores del bloque autodenominado Nueva República, señalaron que los representantes empresariales no basaron su posición en datos.
“El tiempo de nosotros es muy valioso. A mí me gustaría que esas respuestas sean planteadas con estudios técnicos y no una mera opinión personal", manifestó Acuña.
“Nuestra posición fue bastante seria, qué mas serio que planteemos que el proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad”, contestó Masís.
Un dictamen de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió de que las licencias de paternidad solo pueden aprobarse mediante la reforma al reglamento de la Caja, y no a través de un proyecto de ley.
Propuesta del Ejecutivo
El Gobierno había anunciado una mesa de trabajo integrada por los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).
Esa mesa debía presentar una propuesta en abril anterior, con el objetivo de reformar el Reglamento de Seguro de Salud, Enfermedad y Maternidad de la Caja, lo que permitiría una aprobación exprés de las licencias de paternidad, sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la iniciativa tiene dos meses de retraso y todavía se desconoce la fecha para su presentación. La fuente de financiamiento es el principal aspecto de discusión.
“Nos preocupa muchísimo que un eventual decreto pudiera perjudicar particularmente a las micro y pequeñas empresas”, reiteró Masís.
