
Siete conductores que chocaron los trenes nuevos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) deberán pagar ¢105 millones ($165.000) por el costo de los arreglos de las máquinas. Las colisiones ocurrieron entre el 26 de mayo y el 11 de octubre del presente año, según datos proporcionados por la entidad a este diario.
En los primeros dos casos, el Incofer tuvo que solicitar ampliaciones de las demandas contra los choferes porque omitió cobrarles la totalidad de las reparaciones. Aunque desde un inicio debía pedirles $18.832 y $5.995, respectivamente, solo les cobró $4.907 a cada uno, por lo que debió comenzar nuevos procesos para completar las sumas.
Por el tercer caso, se hizo un cobro de $14.380 al conductor y al dueño de un vehículo pick up que no hizo el alto y chocó contra el tren DMU 3126-76, la mañana del 4 de agosto, a 100 metros de la estación ferroviaria de Heredia. Ese tren ya había sido colisionado el 22 de julio y aún no había sido reparado.
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En el cuarto accidente, que ocurrió la tarde del 27 de agosto, también en Heredia, los costos de reparación fueron por $29.509, pero en la narración de los hechos, el abogado de Incofer consignó ese monto en colones y no en dólares, según consta en el expediente y número de denuncia que proporcionó la entidad a este medio.
Esa colisión dejó daños en las puertas, ruedas, panel y cubiertas de la máquina, por lo que se abrió el expediente 21-005842-0059-PE en el Juzgado de Tránsito de Heredia. A pesar de la confusión entre colones y dólares, este caso “se encuentra pendiente de traslado” a la Fiscalía Adjunta de Heredia, tal y como lo registró el abogado del Instituto.
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Respecto al quinto y sexto choque, únicamente se estimaron reparaciones por $2.623 en ambos casos, ya que solo se vieron afectados los paneles laterales de protección de los ferrocarriles. Estas dos colisiones ocurrieron el 5 y 11 de octubre, pero este último día también se registró otro incidente que desencadenó los daños más cuantiosos de toda la lista.
Se trató de un vehículo pesado que transitaba a las 4 p. m. por Mercedes Sur de Heredia y que, según Incofer, se brincó la señal de alto y el semáforo preventivo, e invadió el gálibo dinámico de la unidad y la impactó de manera frontal. Producto del golpe se dañó el quitapiedras, la máscara frontal, el panel de protección lateral izquierdo y la puerta izquierda de cabina del tren.
De acuerdo con el expediente del caso, el Incofer no logró recolectar los datos del conductor, por lo que tuvo que emitir el cobro a la sociedad propietaria del vehículo, llamada Transportes Samba J.C. S.A. Al final, la máquina quedó fuera de servicio por un mes y provocó pérdidas por ¢4,4 millones. Al considerar esa suma, el costo de las reparaciones quedó en $91.084, cifra que lo convierte en el más oneroso de los choques.
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Finalmente, en otra colisión ocurrida el 29 de setiembre, no se fijó ningún monto para el arreglo, ya que el abogado consignó que el chofer se dio a la fuga y que todavía no ha sido ubicado. “Agradecemos la colaboración para que se tramite el proceso a fin de lograr identificar al actor responsable de los hechos”, indicó el Incofer en la denuncia.
Por el momento ninguna de las máquinas colisionadas ha sido reparada, ya que todas se encuentran “pendientes de contenido presupuestario”. Además, solo cuatro de los siete casos han sido elevados al Tribunal Contencioso Administrativo, donde se tramitan los asuntos que involucran a instituciones del Estado.
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Costa Rica compró los ocho trenes nuevos a la empresa CRRC Qingdao Sifang en diciembre del 2018, por un monto de $32,7 millones. Esta ha sido la mayor inversión que ha realizado el país para modernizar su transporte público ferroviario, ya que la última adquisición cuantiosa fue en el 2009, cuando se compraron cuatro unidades Apolo por $2,9 millones a la empresa española Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve).
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles recordó que “el tren tiene prioridad de paso ante los carros”, por lo cual, los conductores de los otros vehículos son responsables del hecho y deben asumir los costos, de ahí los reclamos en vía judicial.
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