Juan Diego Córdoba González. 1 julio
Gobierno valora extender subsidio económico por tres meses más a una selecta población afectada económicamente por la pandemia del covid-19. Foto: José Cordero.
Gobierno valora extender subsidio económico por tres meses más a una selecta población afectada económicamente por la pandemia del covid-19. Foto: José Cordero.

Al menos 13 personas enfrentan una investigación administrativa porque habrían recibido el bono Proteger sin tener los requisitos o sin necesitar la ayuda.

Mientras tanto, otros 44 beneficiarios optaron por devolver los recursos para evitar cualquier proceso en su contra. Algunos adujeron que desconocían que no podían solicitar esa ayuda.

Este es el resultado de un estudio de 800 casos donde surgieron dudas por eventuales irregularidades en la solicitud del subsidio, orientado principalmente a trabajadores afectados por el impacto económico de la pandemia de covid-19.

De acuerdo con la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, se restablecieron los pagos a las personas que demostraron que necesitaban la ayuda y calificaban para recibirla.

Trabajo comenzó en mayo las revisiones luego de que la plataforma del bono Proteger les alertara que había posibles entregas irregulares a 2.323 personas.

De acuerdo con la oficina de prensa de la institución, el 87,8% de esas posibles entregas irregulares se hicieron a personas que, en apariencia, eran beneficiarias de otros programas estatales.

Mientras que el restante 12,2% eran pensionados, trabajadores y, en minoría, privados de libertad. Todas esas condiciones los excluían como beneficiarios del bono.

Sin embargo, de esos 2.323 casos, solo se tienen resultados en 800. Los demás siguen en investigación.

Dinarte no detalló si los 13 beneficiarios a quienes se les confirmó la existencia de alguna irregularidad eran pensionados, trabajadores públicos, privados de libertad o recibían ayuda de otros programas.

El gobierno creó el bono Proteger para que personas despedidas, con contratos suspendidos y jornadas reducidas pudieran hacer frente a sus necesidades básicas, en medio de la crisis ocasionada por la pandemia de covid-19.

También auxilia a trabajadores independientes e irregulares que vieron disminuidos sus ingresos.

El subsidio es de ¢125.000 mensuales por un trimestre para despedidos y trabajadores con contratos suspendidos; y de ¢62.500 mensuales por el mismo periodo para aquellos con reducción de ingresos.

Las autoridades evalúan extender el beneficio por tres meses más a algunos afectados.

Para ello, el Poder Ejecutivo anunció que presentarán un nuevo presupuesto extraordinario al Congreso, que también contempla ‘fuertes recortes’ en el gasto público.