Representante de buseros en CTP pierde concesión de ruta a Zapote por deuda con CCSS
Tribunal Administrativo de Transporte quitó la concesión a Autotransportes Zapote, del empresario Orlando Ramírez Biolley, por encontrarse morosa con Caja al momento de renovación
El ministro del MOPT, Luis Amador, dijo a la prensa que desde Presidencia se optó por el empresario autobusero Orlando Ramírez Biolley para la Junta Directiva del CTP. Sin embargo, Ramírez lo niega. (Diana Mendez.)
El empresario Orlando Ramírez Biolley, representante de los autobuseros en la cúpula del Consejo de Transporte Público (CTP), perdió la concesión que tenía su empresa Autotransportes Zapote S. A. ya que al momento en que se le renovó la concesión, el año anterior, se encontraba morosa con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La compañía tenía a su cargo el servicio en la ruta 65, entre San José y Zapote.
La decisión fue tomada por el Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el pasado 11 de agosto, cuando resolvió un recurso de apelación en subsidio interpuesto por la Defensoría de los Habitantes, el 6 de octubre de 2021.
Entre sus alegatos, la Defensoría reclamó que a la compañía autobusera no se le podía renovar la concesión porque en ese momento se encontraba morosa con la Seguridad Social, situación que le impide obtener el bien público, según la Ley Constitutiva de la Caja y la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores.
Todo empezó el 29 de setiembre del año anterior, cuando la Junta Directiva del CTP, en sesión extraordinaria, renovó las concesiones de rutas de buses para el periodo comprendido entre el 2021 y 2028, entre estas la otorgada a Autotransportes Zapote S. A.
Para entonces, la compañía mantenía la deuda con la CCSS, de acuerdo con un oficio suscrito por el director de Cobros de esa entidad, Luis Diego Calderón. La situación se mantenía todavía un mes después, según consulta del CTP del 25 de octubre de ese mismo año. No fue hasta la semana siguiente, el 2 de noviembre, que el Consejo volvió a preguntar y la firma ya había saldado su deuda.
Aunque la empresa se puso al día, el Tribunal resolvió que no puede mantener la concesión, porque las leyes antes citadas y la jurisprudencia relacionada son claras en que debía estar a derecho al momento de recibir la concesión y no después.
“Para el caso en concreto, no es posible que la citada empresa Autotransportes Zapote S. A, pueda optar por una renovación del derecho de concesión, dado que ha incumplido con su obligación elemental de mantenerse al día con la entidad de seguro social, la cual como se indicó, supone la existencia de una causal suficiente para que el CTP disponga el procedimiento administrativo, y prepare la licitación pública pertinente, tal y como lo regula el ordenamiento jurídico.
“(...) Por las razones anteriormente expuestas, es criterio de este Tribunal que debe acogerse en lo conducente el recurso presentado por la Defensoría de los Habitantes, respecto de este alegato de morosidad con la CCSS por parte de la empresa Autotransportes Zapote S. A, al momento de dictar el CTP el acto de renovación a su favor por el periodo 2021-2028, y en consecuencia debiendo dejarse sin efecto ni valor alguno el citado acuerdo de renovación, en lo que concierne a dicha empresa, para que el CTP resuelva lo que corresponda según lo indicado anteriormente”, dice la sentencia del juez Muñoz Correa, de la cual La Nación tiene copia.
Así las cosas, para poder dejar en firme la revocatoria de la medida, ahora la Junta Directiva del CTP, de la que Orlando Ramírez Biolley es parte, deberá resolver el caso de su propia empresa. Tras ser contactado por este diario, el representante autobusero respondió que no podía brindar detalles sobre el tema porque ahora se encuentra “judicializado”.
“Hasta tanto no esté totalmente en firme (la resolución del Tribunal), no puedo determinar ni desarrollarle nada. De hecho, ni siquiera he leído el documento (la sentencia). En este momento, el tema se va a judicializar en el entendido de que no estamos de acuerdo con lo que el TAT resolvió en este caso. Lógicamente, hay que presentar los alegatos necesarios para que el asunto sea reconsiderado o analizado”, afirmó Ramírez.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes contestó que como hay un procedimiento judicial pendiente, para el cual aportó pruebas, no se referirá a la sentencia por ser respetuosa del ordenamiento jurídico.
