El hecho de que se superara la barrera psicológica de los ¢1.000 por litro en el precio de las gasolinas y el fuerte aumento del diésel en el plano internacional provocaron discusiones sobre el costo del transporte público colectivo.
En ese contexto, surgió la posibilidad de un subsidio del Estado a los autobuseros con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $200 millones.
En los términos más básicos, un subsidio es “una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada” (DRAE, 2022). La idea detrás es estimular de manera artificial el consumo o la producción de un bien o servicio. Podemos entenderlo como el antónimo de los impuestos.
Muchas veces, tendemos a demonizar los subsidios, pero debemos entenderlos como una herramienta, que no es ni buena ni mala. La pertinencia técnica y el criterio político serán los que determinen su carácter.
En este caso, esperaría que el subsidio se sustente en elementos técnicos claros y precisos, y en políticas públicas transparentes que permitan a los ciudadanos tener plena certeza de la correcta aplicación de la herramienta.
Ciudades latinoamericanas como México, Bogotá, Lima, São Paulo, Santiago y Buenos Aires —por citar algunas— cuentan, o han contado, con distintos subsidios al transporte público colectivo, no solo a los buses, también a los ferrocarriles.
Eficiencia
En un modelo sectorizado, la eficiencia en el movimiento de pasajeros es mucho más elevada, por lo que los subsidios deberían ser menores, según un informe de la Cepal del 2004.
Por eso, en Costa Rica hay que enfocarse en que si hay subsidio, sea para un modelo eficiente de transporte público colectivo, adecuadamente sectorizado y que no deje por fuera al ferrocarril. El Incofer fue el primero en introducir el pago electrónico y el que ofrece datos más fidedignos sobre la cantidad de personas movilizadas.
Lo deseable sería que la decisión política no premie malas prácticas, como la falta de control sobre la veracidad de las cifras de pasajeros que aportan los autobuseros a la Aresep para el modelo de costos.
En función de lo dicho, llama la atención que el representante designado por el gobierno ante el Consejo de Transporte Público (CTP), Orlando Ramírez Biolley, sea un empresario autobusero que financió parte de la campaña del actual mandatario y que ha tenido deudas históricas con la seguridad social.
En el programa Hablando Claro, de la periodista Vilma Ibarra, en Radio Columbia, el 15 de junio pasado, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, aseguró desconocer los ligámenes del empresario Ramírez Biolley con la campaña del presidente Chaves, y mucho menos las razones de su nombramiento en el CTP.
Solo una semana después el Semanario Universidad publicó que el ministro Amador descartó el proyecto del tren metropolitano como parte de la transformación del modelo de transporte público colectivo.
Dijo que no le cree a la empresa que realizó los estudios de prefactibilidad y que hará una “microsimulación” en núcleo urbano para probarlo. Además, requerirá nuevos estudios que confirmen su validez.
Calidad
Es inquietante que se valore apoyar con dinero que tendremos que honrar todos los costarricenses la prestación de un servicio público en el que la renovación de las concesiones y los permisos de funcionamiento de las rutas, que autoriza el CTP, se hace sin tomar en cuenta la valoración de la calidad del servicio por parte de los usuarios.
En las redes sociales, los ciudadanos son muy vigilantes sobre la calidad de los servicios que brindan concesionarios como Globalvia (ruta 27), Aeris (aeropuerto Juan Santamaría) o APM Terminals (terminal de contenedores de Limón).
Ojalá ese mismo celo se aplique en el caso que comento, pues los empresarios autobuseros son, igualmente, concesionarios de un servicio público de un gran valor estratégico y social.
Es evidente que el transporte público en bus es altamente ineficiente y favorece más el modelo de negocio de los transportistas que a los usuarios. Ya el Programa Estado de la Nación estudió la temática en profundidad. En el 2018, en el capítulo 6, publicó una amplia y elaborada investigación al respecto.
Queda la esperanza de que el presidente Chaves cumpla su palabra, y condicione el eventual subsidio al pago electrónico y a las cifras de pasajeros provistas por un tercero ajeno a la actividad (Banco Central), como lo informó La Nación el 22 de junio.
Si se va a subsidiar el transporte público colectivo, este debe ser “digno” de dicho apoyo. Yo esperaría buses y trenes en excelente estado, cumplimiento de horarios, garantía de seguridad para los usuarios, en especial para los adultos mayores y mujeres que son objeto de constante acoso.
El autor es periodista.
