El pago electrónico será una realidad en las primeras rutas de buses a partir de febrero del próximo año.
Esa es la estimación del Gobierno, a pocos días de formalizar los nuevos contratos de concesión que regirán para las empresas de todo el país.
Sin embargo, la facilidad de pago por medio de tarjetas no aplicará de forma generalizada y más bien solo incluirá rutas de la Gran Área Metropolitana (GAM), en aquellos recorridos donde no se vaya aplicar (de momento) la sectorización.
Así lo explicó el viceministro de Transportes, Eduardo Brenes, quien detalló que inicialmente se incluirá este mecanismo en rutas donde la tarifa no será integrada, es decir, se paga completo por un recorrido de un punto A a un punto B, como por ejemplo aquellas que van de San José a Cartago o de San José a Heredia.
Al igual que con el tren, el sistema electrónico que se implementará en buses permitirá únicamente el pago mediante tarjetas de crédito o débito, las cuáles serán validadas por aparatos que funcionan similares a datáfonos.
Según el viceministro, avanzar a otros mecanismos de pago, llevaría unos siete años solo en el área metropolitana.
Brenes reconoció que existen otras modalidades de pago electrónico como el uso de tarjetas prepago, pero dijo que en este momento estas no están en el “horizonte” del Banco Central, aunque tampoco se descartan por completo.
Además, la intención del Gobierno es avanzar en el uso de tecnologías mediante códigos QR con los que las personas puedan pagar sus pasajes haciendo uso del celular o relojes inteligentes.
En el área metropolitana, Brenes dijo que el sistema tecnológico incluirá a futuro otros subsistemas, como el seguimiento en tiempo real de los autobuses, control con cámaras y biometría facial.
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Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), aseguró que varias empresas habían avanzado en el pasado hacia tecnologías para el pago electrónico que incluían mecanismos como el de tarjetas prepago, pero por la falta de definición del Gobierno se desistió de esos esfuerzos.
El sector ahora, ve con buenos ojos el convenio con el que se encaminaron en este nuevo proceso en el que participan el Banco Central, la Aresep, el MOPT y autobuseros.
Primer paso para la sectorización
Tras más de 20 años en el papel, será en abril del otro año, según la promesa del Ejecutivo, cuando los habitantes del área metropolitana conozcan la sectorización.
De acuerdo con el cronograma, para ese mes se comenzará a aplicar un plan piloto en tres sectores, donde habrá una ruta troncal (que llega hasta San José) y al menos dos alimentadoras (desde distintos barrios hasta la troncal).
Brenes adelantó que, de momento, se ha contemplado que estas primeras líneas sean las de Tibás-Santo Domingo, Moravia-Paracito y la tercera podría ser Escazú -Santa Ana.
“Todo se ha transmitido al Banco Central para la consideración de pago electrónico y cálculo tarifario de las rutas tronco-alimentadoras, habiendo sugerido una política que contemple la posibilidad de reconocer el primer trayecto”, añadió el viceministro.
Eso significa que por ejemplo, si una persona paga un pasaje en la ruta alimentadora desde su barrio hasta el lugar donde tomará el bus que lo llevará a San José (troncal), un porcentaje de ese primer pago sería reconocido para el siguiente trayecto, de modo que paga una tarifa integrada.
La intención del Gobierno es que para octubre del 2022, un año después de firmadas las nuevas concesiones, cada uno de los 12 sectores y subsectores en que se dividió el área metropolitana, tenga operando al menos una ruta troncal alimentada por varias rutas secundarias. Así se comenzará a reducir el número unidades que ingresan a la capital.
En el resto del país las rutas seguirán operando como lo hacen actualmente. En estas rutas, el pago electrónico se aplicaría eventualmente como funciona con el tren.
No hay vuelta atrás
¿Cómo se asegurará el Gobierno de que los planes no sigan quedando en el papel?
El viceministro aseguró que en esta ocasión las empresas son claras de que la renovación de las concesiones va condicionada a aceptar los planes operativos planteados dentro del proceso de modernización, entre ellos el pago electrónico, la sectorización (para los buses del área metropolitana) y la modernización de la flota.
Según Brenes, las concesiones se renovarán a las mismas empresas que operan actualmente siempre que cumplan con los requisitos y superen los criterios de evaluación que fueron establecidos para este fin.
Dichos rubros incluyen la parte organizativa y técnica, la operación financiera, la evaluación de los usuarios con respecto al servicio de cada empresa, así como la formación de los choferes y la voluntad de aceptar el nuevo sistema operativo, que en algunos casos les obligará a formar consorcios con otras empresas.
Brenes detalló que solo en el área metropolitana operan 237 rutas, que nacen desde algún punto de la periferia y llegan hasta San José.
Una vez completa la sectorización solo habría 43 troncales ingresando a la capital y 117 alimentadoras.
“En ese sentido hay una reducción en cuanto al número de servicios que van a la capital, lo que el proyecto pretende es ir disminuyendo los intervalos, las frecuencias son mayores, eso tiene un objetivo que es rescatar la demanda que se ha perdido”, explicó.
El plan también contempla continuar habilitando más carriles exclusivos.
Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) actualmente hay 70 km de vías solo para autobuses, pero faltan muchos más.
“Tenemos 17 rutas troncales o 17 radiales y en su conjunto suman 250 km de longitud, si se considera en ambos sentidos hablamos de 500 km de carriles exclusivos. Falta un gran porcentaje”, apuntó el viceministro.
El funcionario descartó que los cambios a los que tendrán que someterse las empresas representen un impacto para las tarifas, pues a pesar de las inversiones que deberán hacer en renovación de flota o equipos tecnológicos, el plan implica una reducción en sus gastos operativos.
Las empresas que no cumplan con los criterios o no acepten las condiciones, no recibirían el permiso para seguir operando, por lo que las rutas serían sacadas a licitación o absorbidas por otras empresas.
En el caso de las renovaciones de flotillas, la condición es que en el primer año las empresas hayan completado al menos el 30% de recambio de unidades hasta completar la totalidad en el plazo de siete años, que es la vigencia de los nuevos contratos.
Meses atrás, el jerarca había anunciado la posibilidad de ampliar ese plazo en el caso de las empresas que se comprometan a invertir en autobuses eléctricos, sin embargo eso se definirá una vez que se firmen las nuevas concesiones.
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Consultada sobre la capacidad de las empresas para asumir las nuevas condiciones, incluyendo los procesos como la sectorización, la representante de los autobuseros dijo que por tratarse de un plan que se viene ejecutando desde hace tiempo, se han ido alcanzando los pasos necesarios para para avanzar hacia estos modelos.
En relación con las renovaciones de flota que exigirá el Gobierno, Bolaños sostuvo que la idea es continuar con el proceso que han venido realizando en los últimos años, sujetos ahora a las características establecidas por el MOPT, pero habrá que tener en cuenta el impacto de la pandemia.
El plan de sectorización se comenzó a desarrollar desde 1999 y desde entonces se ha quedado en múltiples estudios y propuestas.
En el año 2000, cuando se renovaron las concesiones se condicionó con implementar el plan, pero los autobuseros se opusieron por lo que la iniciativa quedó en suspenso.
Siete años después fue el rechazo al cobro electrónico el motivo del desacuerdo que varó nuevamente el proyecto.
En febrero del 2017 se publicó el decreto para fijar las nuevas etapas, normativa con la que la actual administración ha avanzado, sin embargo, el principal cambio desde entonces ha sido la implementación de carriles exclusivos.