“Las mujeres sin pareja” podrán hacer uso de la fecundación in vitro si así lo desean.
Varios de los 25 artículos que conforman el proyecto de ley de fecundación in vitro (FIV) abren la posibilidad de que no solo las parejas (cónyuges) puedan tener hijos con esa técnica de producción asistida.
Uno de los artículos más explícitos al respecto es el número 2, en el que se hace referencia a la fecundación in vitro “de forma homóloga o heteróloga”.
La primera se refiere al método cuando el óvulo y el espermatozoide que se unirán artificialmente provienen de “cónyuges o convivientes”.
En la segunda opción, la heteróloga, el proyecto hace referencia a cuando la técnica la utiliza “una mujer sin pareja”.
En el artículo siguiente, el tercero, al describir las características de la mujer que quiera hacerse una FIV, el plan de ley solamente exige que aquella sea mayor de edad, “con plena capacidad cognoscitiva” y “en buen estado de salud física y psíquica”.
Por ejemplo, se mantiene la consigna de que los embriones no podrán ser almacenados, comercializados o desechados.
Sobre ese punto, el plan establece penas de cárcel de entre uno y seis años para quien incurra en alguna de esas acciones.
En cuanto a la manipulación indebida de los embriones, la sanción va de uno a cuatro años de prisión.
Gerardo Escalante, médico experto en FIV, criticó que el Gobierno presentara un plan que no permite congelar embriones.
“Sucedería que si a una mujer se le extraen diez óvulos y todos son fecundados, entonces habría que implantarlos todos, y eso es ética y medicamente indebido”, dijo el especialista.
Escalante censuró también el hecho de que el proyecto no mencione la cantidad máxima de óvulos que le sacarán a la mujer, así como el tope máximo de los que se implantarán.
“En un centro de fertilización serio, a la mujer se le extraen cuatro óvulos, se intenta fecundar todos, pero solo se le implantan dos; el otro par se conserva por si en el primer ciclo la mujer no logra quedar embarazada”, dijo el médico.
De acuerdo con Enrique Castillo, embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y quien lideró la elaboración del proyecto de ley, ese tema deberá ser abordado en el reglamento que exigiría la eventual promulgación de la ley.